Duros discursos fueron pronunciados en la sesión ordinaria de ayer de la Legislatura. Si bien hubo algunos chisporroteos, no hubo de esos mayúsculos cruces de palabras como sucede cuando hay proyectos controversiales en el orden del día. dentro de todo, la sesión se desarrolló en un clima ameno.
LEY DEL ARREPENTIDO
Así sucedió en dos oportunidades en momentos en que se debatió el proyecto de Modificación del Código Procesal Penal para incluir la figura del “Arrepentido”, y también cuando se puso en consideración el proyecto de Modificación de la Ley de Ética Pública para que sea obligatoria la presentación de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción por parte de dirigentes de gremios que perciben fondos del Estado provincial o municipal, tal como ocurre con los funcionarios de los distintos poderes.
En el caso del proyecto de Modificación del Código Procesal Penal de la Provincia para incluir la figura del arrepentido en nuestro protocolo judicial, la oposición más destacable la pronunció Alberto Matuk quien argumentó que implementar la figura del arrepentido significa convalidad la delación y la traición y, más aún, premiar a un delincuente o partícipe de delitos, con uanreducción de un tercio a la mitad.
El proyecto quedó aprobado como ley bajo el número 6033.
SINDICALISTAS EQUIPARADOS CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Quizás la discusión más suculenta de la sesión se dio en torno a la Modificación de Ética Pública que obliga ahora a los sindicalistas a presentar declaraciones jurdas patrimoniales como cualqueir funcionario público.
Luis cabana defendió su postura opositora como una exposición de carácter “técnico jurídica”. Durante sus 20 minutos reglamentarios argumentó que los dirigentes gremiales no son funcionarios públicos ya que los fondos que administran no son públicos sino privados.
Para Cabana la Ley de Ética Pública no sería el instrumento adecuado pars obligar a los sindicalistas a hacer publicas sus decalaraciones juradas, sino la Ley Nacional de Entidades Sindicales., que es la que rige a este tipo de asociaciones. También advirtió que un avance en este sentido sería inconstitucional.
En su alocución, Alejandra Cejas quien también votó negativamente el proyecto, cargó contra la Oficina Anticorrupción al endilgarle un papel ambiguo entre lo meramente decorativo y oneroso –por el presupuesto que maneja-, mientras que por momentos aseguró que se trata de un aparato de persecuciónpolítica, ya que no investiga al gobierno pero si lo hace con miembros de la oposición. También cargó contra el Poder Judicial, porque desde la aprobación de la Ley de Ética Pública no hubo una sola presentación de declaraciones juradas patrimoniales, ni de los miembros del Superior Tribunal, ni de los tribunales inferiores. Y remató señalando la nula preocupación en la Oficina Anticorrupción por dicha circunstancia.
Deborah Juarez Orrieta coincidió con Cejas en calificar al proyecto como un instrumento con finalidad política, mientras que esquivel lo calificó como “una aberración jurídica que dará lugar a reclamos judiciales ante organismos internacionales”.
LA PESADILLA CONSPIRATIVA DE CEJAS
Antesla discusión sobre el proyecto de Ética Pública, hubo una improcedente intervención de Alejandra Cejas en cuanto se debatía un proyecto de cyberdelitos enfocado en la prevención del cyberacoso sexual infantl más conocido como “grooming”.
Cuando se le concedió la palabra, Alejandra Cejas, quien parecía que se despertaba de sus cotidianas siestas legislativas luego de sufrir aparentemente una pesadilla conspirativa, pronunció una diatriba totalmente fuera de lugar haciendo referencia a supuestos acosos, de los que serían víctimas algunos miembros de la militancia opositora, por parte de lo que calificó como “una emulación local, con militancia rentada, de la oficina de Marcos Peña”.
La diputada Nieva ayudó a despabilarla leyéndole el artículo 2 del proyecto, como para que se ubique en el tema que se estaba tratando y deje de hacer el ridículo.
Los demás proyectos fueron aprobados sin mayor oposición de los presentes.
