Está en juego la adhesión de la Argentina a una convención internacional sobre la propiedad intelectual en la materia. Una mayor protección en materia de mejoramiento permitiría aumentar los rendimientos y el valor de las cosechas.
Despejada, por ahora, la suba de retenciones, queda en la Ley Ómnibus un artículo, el 210, que el Gobierno impulsa junto a mas de 30 cámaras e instituciones de la agroindustria. La normativa pretende adherir la UPOV 91, una convención internacional sobre la propiedad intelectual en semillas. Científicos, industria y entidades argumentan sobre ella.
Entre tantas de las cuestiones que la Argentina tiene pendientes para insertarse en el mundo y cuya definición se dilata hace décadas, la actualización de la legislación sobre semillas es una de las que afecta más claramente el desarrollo del sector semillero y la expresión del potencial del país como productor de alimentos, fibras y bioenergías.
Esto frena inversiones en el rubro, mientras en países con mercados similares pero más desarrollados y estrictos en materia de propiedad intelectual, como Brasil y los Estados Unidos, crece la inversión privada, los rendimientos de los cultivos acompañan y se genera un ciclo virtuoso que en la Argentina aún no logra.
El proyecto de Ley Ómnibus -del cual el viernes el Gobierno retiró el capítulo fiscal y, con él, la suba de retenciones- incluye el artículo 241 que dispone que “La República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), ACTA 1991″.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental (no perteneciente a la ONU) con sede en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es proteger más eficazmente las obtenciones vegetales. La Convención de 1991, a la que la Argentina adheriría si se aprueba ese artículo, se discute intensamente en el ámbito agropecuario.
Daniel Ploper, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de Tucumán, e investigador principal de la EEAOC y del Conicet, es un ingeniero agrónomo argentino reconocido internacionalmente por mejoramientos de caña de azúcar, soja, trigo, poroto, garbanzo, mungo y portainjertos. Explicó que desarrollar una variedad de caña “demanda entre 11 y 12 años, incluidos los ensayos comparativos de rendimiento, aunque con las legumbres se pueden tardar algo menos”.
Desde Córdoba, la también agrónoma Julia Carreras agregó que en el caso específico de garbanzos “como mínimo se invierten 10 años en la mejora genética de variedades”. Ese lapso puede acortarse a 7 u 8, “pero es muy difícil lograr una variedad en menos tiempo aunque se puede disminuir utilizando diferentes estrategias, como son las siembras en contra estación, dentro o fuera del país, y realizando ensayos comparativos de rendimiento en muchas localidades”.
También desde Córdoba, pero en General Cabrera, Juan Soave, titular del semillero El Carmen, dedicado al mejoramiento de semilla de maní, señaló que el productor puede utilizar las semillas de maní todos los años que quiera y si bien está la ley de semillas vieja (1973), que habla de los derechos del obtentor, “eso realmente no se cumple, salvo en mi caso particular que, como el mercado es tan pequeño y está tan concentrado, hemos logrado -hablando con las mayores 20 empresas que siembran el 80% del maní de la Argentina- que paguen algo de regalías para poder seguir adelante”.
También la industria percibe “un atraso en materia de tecnología en el ámbito agrícola, denunciado por los distintos sectores y fundamentado en la falta de practicidad de la normativa porque no contempla por su fecha de sanción la evolución en el campo del mejoramiento, ni de los avances tecnológicos”.
Concretamente se refiere a que al sancionarse esa norma, no existían las semillas genéticamente modificadas ni los eventos biotecnológicos que introducen resistencias de las semillas a insectos, herbicidas y últimamente también a sequías.
