Baca señaló que esos hechos dan cuenta de los déficits que ha tenido la política habitacional de la administración que conduce Eduardo Fellner, que ha dado respuestas sólo coyunturales y electoralistas sin garantizar la provisión de servicios básicos o la infraestructura necesaria para evitar inundaciones. De esta manera –agregó- “se ha puesto en riesgo la integridad, la seguridad, la salud y la vida misma de las personas, a las que se las ha lanzado a vivir en condiciones de extrema precariedad”.
Indicó el legislador que el Gobierno no ha cumplido con su obligación de proveer servicios mínimos y recordó en tal sentido que el radicalismo ha realizado una audiencia pública en noviembre de 2011 donde se analizó la política habitacional junto a vecinos, instituciones y beneficiarios directos del plan “Un lote para cada familia que lo necesite”. Allí se detectaron los incumplimientos de los Decretos Nº 9190 y 9191 referidos a la implementación del Plan. Como consecuencia de esa situación, posteriormente en 2012 la UCR se presentó ante la justicia provincial con una acción de amparo donde se solicitó a la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo provincial el íntegro cumplimiento del plan de emergencia habitacional y se otorguen lotes con todos los servicios.
Con esta acción judicial los legisladores requirieron que la Justicia ordenara a la Provincia a disponer medidas inmediatas de tipo sanitario y ambiental para garantizar el bienestar, la integridad y la salud de las personas que se encuentran sin los servicios necesarios, disponiéndose distribución de agua potable, baños y recolección de residuos, control sanitario, energía eléctrica y servicio de seguridad pública.
Pablo Baca recordó que el Gobierno Provincial, como consecuencia del recurso de amparo antes citado, fue multado por la justicia por no informar sobre la ejecución del programa Un Lote para cada familia. La Justicia había requerido a organismos provinciales y a las empresas prestadoras de servicios, un conjunto de informes que no fueron presentados. Por ello, el tribunal contencioso administrativo impuso una sanción por cada día de demora. La información, sin embargo, sigue todavía hoy sin presentarse al Tribunal.
Respecto de las expresiones de legisladores del oficialismo que pretendieron hacer responsables a los intendentes de las consecuencias de estas situaciones, el legislador señaló que “es absolutamente injusto que el gobierno provincial pretenda trasladar responsabilidades. Fueron, por el contrario, los intendentes los que tuvieron que suplir con muy escasos recursos todo lo que el gobierno provincial dejó de hacer por negligencia. No sólo el Estado Provincial no se hizo cargo de sus responsabilidades ni colaboró, sino que incluso trajo nuevos problemas a los intendentes, como lo atestiguan los problemas de la llamada Ciudad Cívica en la ciudad capital. Ahí la Provincia cortó cerros, hizo grandes movimientos de tierra y taló un monte, lo que naturalmente llevó a que con las primeras lluvias se produjera un alud de barro que afectó zonas de la capital, provocando una emergencia que tuvo que ser atendida exclusivamente por la Intendencia de San Salvador de Jujuy”.
“Los hechos recientes como las inundaciones en asentamientos en esta Capital, lamentablemente son consecuencia de la negligencia del Estado provincial que ha desarrollado una política sin responsabilizarse de todo lo que ella implica, en particular la provisión de servicios básicos y medidas mínimas de salubridad y seguridad” enfatizó Pablo Baca.
También expresó su preocupación por la lentitud de la justicia provincial en la resolución de la acción de amparo que desde hace dos años aguarda una resolución a la cuestión de fondo.
Finalmente Baca indicó que la imprevisión del Gobierno y las respuestas espasmódicas, coyunturales y efectistas que ha pretendido dar en materia habitacional, son un síntoma de la ausencia de gobierno y de planificación y la evidencia de una administración que ha defeccionado en su rol y su responsabilidad.
