El Gobierno de la Provincia anunció que presentará a la Justicia una vindicación, en cumplimiento del artículo 62 inciso 2 de la constitución provincial, ante las aseveraciones de los dirigentes gremiales quienes aseguraron que la provincia habría recibido dinero de la nación, de donde se podría destinar una buena cantidad al mejoramiento de la oferta de bono extraordinario, pero que en realidad se estaría utilizando para negocios personales.
Según adelantó el ministro Matuk, con esta acusación, los dirigentes gremiales estarían imputando un delito a los funcioanrios que cumplen funciones en el Estado provincial, y que es un deber impuesto por la constitución vindicarse ante la Justicia.
En este sentido Matuk dijo “hemos decidido presentarnos a la Justicia a vindicarnos, o sea, demostrar acabadamente que no ha existido ese arribo de dinero”. Sin embargo, de acuerdo con datos de ejecuticón presupuestaria nacional la provincia de Jujuy recibió en diciembre la suma de $332 millones en concepto de coparticipación.
Desde hace cinco años que no se realizan rendiciones de cuenta sobre los destinos de los fondos que administra la provincia, contribuyendo a un clima enrarecido de acusaciones sobre lo que se hace con el dinero público.
Si tanto preocupa al Gobierno el cumplimiento del deber de vindicarse ante la justicia ante una imputación delictual, también debería haber mayor preocupáción por transparentar la administración, blanquear el destino de los fondos públicos, y cumplir con el deber de dar publicidad a los actos de gobierno y rendir cuentas peridodicamente, como también lo establece la constitución.
Sería mucho más coherente y deseable que la vindicación que quiere hacer el Gobierno se haga ante la sociedad, y no ante la Justicia que está sobrepasada de causas y atiborrada de trabajo.
Una explicación pública y detallada sobre la forma en que se administran los fondos públicos arrojaría un manto de transparencia sobre una gestión sospechada de malversar fondos y utilizarlos en beneficio propio y de un circulo íntimo de amigos del gobierno en desmedro de la población en general, que es la que contribuye con los impuestos.
Una vindicación ante la Justicia es una pérdida de tiempo, y una muestra más de que hay poco interés en contribuir a la transparencia que demanda la sociedad, pues los procedimientos judiciales se realizan a puertas cerradas, mediante escritos a los que solo tienen acceso unos pocos funcionarios judiciales, nombrados por el propio Gobierno sin otros criterios que el dedo, el nepotismo y la repartija, a quienes luego tenemos que creer cuando dictan sus fallos y sentencias.
