La Dra. Elena Meyer, médica generalista que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una red que nuclea a nivel nacional a distintos profesionales para el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Aborto no punible, conversó con NOTINOR.COM.
¿Qué es la Red de Profesionales por el Derecho a decidir?
La Red de Profesionales por el Derecho a decidir está conformada por más de 300 profesionales de 12 provincias de todo el país, las provincias son: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fé, y Tucumán; en esas provincias estamos distribuidos los profesionales que componemos la red, trabajamos en centros de salud, en el ámbito de la Salud Pública y somos los que bregamos porque se garantice el cumplimiento de esta Ley de Aborto no punible, y se concrete la bajada del protocolo a todos los hospitales y centros de salud.
¿Qué es lo que dice el documento que están difundiendo sobre el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo?
El protocolo es una guía que sacó el Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2012, para garantizar e incluso aclarar la implementación de la Ley, para que las mujeres accedan a este derecho. Para los profesionales que venimos trabajando en este tema desde hace más de 20 años esto significa un avance para regular nuestro trabajo. Nosotros presentamos un documento de adhesión a este protocolo.
Además esta guía tiene otro punto importante, y es una aclaración en el "causal salud" (que pueden argumentar las mujeres para acceder al aborto no punible), amplía el "causal salud", que en general la gente piensa que se aplica sólo en caso de violación, o en el caso de que la mujer sea "idiota o demente".
No, esta guía amplía eso y dice que siempre que se vea vulnerada la salud de la mujer, desde lo psíquico, físico y social, (y es la mujer la que define ese riesgo), puede solicitar la interrupción legal del embarazo y el Estado se lo debe garantizar.
Otra cosa que se aclara con la guía es el reconocimiento de este derecho como un derecho humano y significa un protocolo de atención y calidad desde lo técnico.
Desde la Red lo que exigimos, teniendo en cuenta que no alcanza con tenerlo en el papel, es que el Estado tome una postura clara para garantizar que esto se cumpla y se difunda en todos los centros de salud del país, y que para su implementación se destine el financiamiento adecuado, y se garantice el insumo en los hospitales.
¿Todavía los hospitales no cuentan entonces con los medios necesarios para garantizar la interrupción?
Para la interrupción se utiliza una serie de medicamentos que deberían estar disponibles en los hospitales siempre que se los necesite, y también venimos pidiendo que se amplíe la capacitación en otras técnicas para la interrupción legal del embarazo, para que los profesionales del primer nivel de atención, que son los que están en los centros de salud, también lo puedan realizar; osea, no sólo la interrupción "medicamentosa" sino con otras técnicas que se podrían llevar a cabo en los centros de salud.
¿La guía establece también algún tipo de seguimiento a la mujer, tanto previo como luego de haber procedido a la interrupción del embarazo?
Sí, hay toda una serie de pasos que hay que seguir en la atención previa, pruebas de laboratorio, ecografías, para conocer en qué etapa exacta del embarazo se encuentra la mujer, los riesgos posibles, la citación posterior y por supuesto, las posibilidades, teniendo en cuenta el deseo de la mujer, de iniciar algún método anticonceptivo si no desea embarazarse nuevamente. Y, bueno, en el caso de que algo se complique, el Estado debe seguir acompañando para que la salud de la mujer no corra ningún riesgo.
Si uno no cumple estos protocolos, sea donde sea que se interrumpa el embarazo, puede haber un riesgo en la salud.
¿Cuáles son los requisitos par que un profesional pueda acogerse bajo la figura de "objetor de conciencia"?
Nosotros consideramos que esto es un negocio. Somos las mujeres pobres las que terminamos recurriendo ante esta situación a la salud pública.
Entonces, se debería cumplir realmente cómo debe ser el tema de la "objeción de la conciencia", ya que en Jujuy no funciona cómo debe ser.
Dentro del Fallo FAL, que es el fallo que regula y aclara lo que dice el artículo 86 del Código Procesal Penal respecto de la interrupción legal del embarazo, se dice que si algún profesional, por alguna cuestión de su moral, de su pensamiento, no está de acuerdo con realizar el aborto, lo debe explicitar por escrito en algún formulario o registro que cada provincia establece, eso aún no existe en Jujuy. Para ser objetor tienen que argumentar porqué, especificar en qué circunstancia sí o no, y obviamente esto corre tanto para el ámbito público como para el privado, para no fomentar más que el aborto sea un negocio.
Como eso no está regulado acá, algún profesional puede decirlo, pero en su lugar de trabajo alguien debe garantizar que esa mujer sea acompañada, atendida y en todo caso derivada para que se le garantice el cumplimiento de su derecho.
La mujer no puede ni debe estar recorriendo toda la provincia buscando aquél profesional que la atienda. En cada centro de salud, en cada hospital debe haber alguien que la oriente, que le diga dónde y cómo.
Nosotros desde la Red no les llamamos objetores sino "antiderecho" porque muchas veces el supuesto objetor se escuda en esa figura y termina obstaculizando o no acompañando, no queriendo comprometerse con la situación.
Obviamente que esta guía, que amplía lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres respecto a su sexualidad, adhiere a todos los otros protocolos teniendo en cuenta todas las situaciones de violencia que puede sufrir una mujer, por ser mujer, en el ámbito de la salud, como la violencia obstétrica, el acceso a poder decidir sobre qué anticonceptivo desea utilizar, qué práctica desea en su control de embarazo, etcétera.
¿No existe, entonces ninguna política respecto a la difusión del protocolo aún, a nivel ministerial, en Jujuy?
Nosotros lo que vemos como prioritario es que se facilite, desde el Ministerio de Salud provincial la difusión del protocolo, hay otras cosas que se difunden a diario, con spots, el Ministerio tiene un espacio radial, y hasta ahora de estos temas no se habló. Espero, esperamos, que pronto empiecen con la difusión. Porque si la mujer no conoce, difícilmente puede exigir la no vulneración de su derecho.
Además la difusión haría que los médicos mismos lleven adelante, imagino, una serie de debates pendientes sobre este tema...
Justamente desde el documento que estamos difundiendo, pedimos la conformación de mesas de trabajo desde el Ministerio, en toda la provincia, para poder diseñar e implementar este proceso.
En Jujuy pasa que muchas veces los profesionales, al no estar informados o actualizados sobre las garantías desde el derecho que poseen al hacer estas prácticas, temen a una represalia. Pero en cuanto conocen todas las seguridades de las que disponen actualmente, amplían su campo de trabajo y modifican su relación con una serie de conceptos.
