Un informe de Financial Transparency Coalition (FTC) señala a China como el principal responsable de la situación, tanto a nivel global como a nivel nacional.
Ilegal, no declarada y no reglamentada, o IUU por su siglas en inglés, es uno de los conceptos clave del impactante informe global sobre pesca que acaba de publicar Financial Transparency Coalition (FTC).
El documento titulado “Redes sospechosas: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial” es demoledor a la hora de detallar quiénes son los responsables de la depredación de los mares: más de la mitad, el 54,7%, de este tipo de pesca se hace desde barcos industriales y semindustriales “con bandera asiática”, en particular China. Las 10 principales empresas involucradas en la pesca ilegal son responsables de casi una cuarta parte de todos los casos denunciados, ocho son chinas.
El informe tiene un apartado puntual para la Argentina titulado “Pesca ilegal sin control”. Y China también está en el centro de la actividad. Se estima que la pesca IUU en aguas territoriales argentinas genera pérdidas de entre USD 1.000 millones y 2.600 millones cada año. “Considerando que las exportaciones anuales de vino embotellado fueron de USD 817 millones en 2021, la pesca ilegal es más del doble del tamaño de la industria vitivinícola argentina. El calamar, el principal objetivo en el país y una especie estratégica en la cadena alimentaria y la biodiversidad, está provocando un colapso a gran escala en los sistemas de vida marina en el Atlántico Sur”, dijo el FTC.
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El trabajo detalla que Argentina tiene una de las áreas pesqueras más importantes del mundo, con una gran abundancia y diversidad de vida marina que incluye más de 330 tipos de peces, casi 120 especies de aguas profundas y una gran variedad de invertebrados. “La industria pesquera comercial del país genera un impacto económico de USD 2.700 millones al año y representa el 3,4 por ciento de su PBI. La industria está impulsada por cuatro especies que representan el 75 por ciento de la pesca total del país: calamar, merluza y camarones. La pesca del calamar es la segunda más grande del mundo por volumen”, describe el informe.
Con respecto a la regulación local, el trabajo describe que en 1998 se promulgó la Ley Federal de Pesca y que el Congreso delegó funciones de orden, control y regulación al Consejo Federal Pesquero (CFP), más allá de las legislaciones provinciales, del sistema de cuotas pesqueras vigente (Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura, o CITC) y de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país para la pesca que se extiende hasta 200 millas náuticas de la costa.
“Las flotas que operan en la milla 201 enarbolan en su mayoría banderas de China y Taiwán, Corea del Sur y España. Estas embarcaciones se posicionan en el límite exterior con el objetivo de ingresar a pescar especies como calamar y camarón rojo argentino dentro de la ZEE, y muchos apagan sus sistemas de rastreo satelital durante períodos prolongados, cruzando nuevamente la milla 200 hacia alta mar cuando son detectados por la guardia costera”, se explica.
Según datos de la Armada Argentina citados, desde hace años un promedio de 300 a 400 pesqueros entran en la ZEE a realizar actividades de pesca ilegal, pero recientemente la cifra aumentó a 500 embarcaciones. También se mencionan los escasos recursos para patrullaje de la Armada y Prefectura.
Los barcos ilegales usan en general la modalidad “transbordo” en la que transfieren sus cargas a otros que, a su vez, los reponen con combustible y alimentos en aguas internacionales, lo que les permite permanecer en el mar por largos períodos. El FTC explicó que en 2020 el Congreso argentino aprobó un nuevo sistema de multas con un piso de USD 300.000 y un máximo de USD 1,75 millones. El esquema permite la captura y retención del buque en puerto hasta que se efectúe el pago de la multa. En el año de su sanción, la nueva ley permitió la captura de tres naves y cobrar multas por USD 2,91 millones.
Con respecto a los barcos, el informe asegura que el promedio de sanciones de uno por año, “una fracción de los cientos de barcos estimados operar ilegalmente en aguas del país”. Además, algunos están involucrados en actos violentos, como cuando las autoridades hundieron el buque chino Lu Yan Yuan Yu en 2016.
También se destaca que no se trabaja debidamente para identificar a los reales dueños de las embarcaciones. “En cuanto a las nacionalidades de los beneficiarios reales de las embarcaciones IUU que identificamos, seis eran chinos, tres de Corea del Sur, dos de España, uno de Portugal y otro de Japón, con cuatro buques desconocidos aunque probablemente sean chinos dado que tenían bandera de ese país. Curiosamente, uno de estos buques, el Jing Hua 626 capturado por las autoridades pescando ilegalmente en 2018 pertenece a una empresa, Yantai Beijing Deep-Ocean Fishery Company, propiedad del gobierno chino”, cierra el capítulo local del demoledor informe.
