Cambiemos hizo campaña a nivel nacional y provincial con la consigna de mejorar la ecuación financiera de las economías regionales, resaltando esfuerzos sobre todo en el sector tabacalero, el cual genera 800.000 empleos, siendo la actividad rural que mas evita las migraciones internas, dejando el objetivo de Pobreza 0 como una utopía de ingenuos soñadores.
Tras conocerse la cifra oficial de recaudación por venta de cigarrillos (40% menos respecto al año anterior para el mes de abril), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación acusa un fuerte dolor de cabeza, ya que el aumento del impuesto interno a los cigarrillos establecido por el gobierno nacional, originó la profundización de la crisis tabacalera.
El Ministerio espera el cimbronazo desde el NOA por pedidos de emergencias climáticas, pero ahora deberá cargar con repuestas financieras al sector tabacalero, el cual no ofreció oportunamente estudios técnicos a modo de advertencia sobre las consecuencias negativas de la medida que el gobierno decidió emprender.
Pero a la puerta de Ricardo Buryaile no solo llamarán los gobernadores de las provincias tabacaleras por la caída importante del Fondo Especial del Tabaco (-40%), lo cual significa que cayó nuevamente el precio del tabaco, ya que el FET es el precio complementario, con lo cual la esperanza de recuperar la rentabilidad ofrecida por una volátil devaluación quedó sepultada, justamente ahora en la etapa en que el sector se prepara para encarar la campaña 2016-17.
También la industria reclama una pronta revisión de la medida, ya que registran la peor venta de cigarrillos de los últimos once años. Esta situación genera espacios y turnos ociosos en sus respectivas plantas, que deben reverse en términos de empleo, como también se verá disminuida la proyección de compra en los acopios.
La medida no sirvió ni siquiera para bajar el consumo como objetivo sanitario, ya que es evidente que el mismo no descendió, dado el nivel de venta de cigarrillos ilegales “truchos” que no tributan al estado, cuya procedencia no significa ningún resguardo para la salud, porque se realizan con tabacos que no poseen certificación de buenas prácticas agrícolas, ni constancia de trazabilidad fito sanitaria.
Para colmo la decisión del gobierno nacional de trasladar nuevamente el grueso de la gendarmería al conurbano porteño, abre una proyección ascendente para el contrabando, el cual se ha convertido en el mecanismo de sustitución que permite un consumo constante.
Por su parte el gobierno de la provincia de Jujuy, al contar con menos recursos por la caída notable de las transferencias, siendo ahora políticamente el ente administrador porque reformo la ley 5059 con la instrumentación de la ley 5918 que le da esa potestad, deberá afrontar el desafío de sostener la promesa de campaña de recuperar 8.000 hectáreas de siembra en un escenario adverso.
La provincia debe además afrontar la sequía que azota La Puna y La Quebrada jujeña, la reestructuración del Ingenio La Esperanza, otras demandas acuciantes en términos sociales como la sustentación de 6000 cooperativistas; además debe enfrentar la deuda del sector privado -Cooperativa de Tabacaleros- la cual con la disminución precipitada del FET quedó con una garantía deprimida para ser sujeto de crédito.
El gobierno nacional sin dudas, se disparó en los pies, ya que su argumentación de bajar el consumo de cigarrillos por el aumento de los mismos y a la vez mejorar los niveles de recaudación fueron errados, seguirá el gasto público inalterable para atender patologías propias del consumo del tabaco en argentina, pero además empobreció aún más a un importante segmento productivo argentino.
En términos de empleo, en una actividad tan importante, el método “ensayo y error” es una improvisación inadmisible.
