La decisión se conoció luego de que la propia firma solicitara el procedimiento hace una semana, en medio de deudas superiores a US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados a sus empleados.
SanCor pidió su quiebra
La Justicia de Santa Fe dispuso la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, poniendo fin a casi un siglo de trayectoria de la emblemática empresa, que atravesaba una crisis desde hacía más de 20 años. La decisión se conoció luego de que la propia firma solicitara el procedimiento hace una semana, en medio de deudas superiores a US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados a sus empleados.
El fallo fue emitido por la Justicia de Rafaela, que además declaró la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522). En ese marco, se dispuso que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continúe al frente del proceso con la obligación de actuar con celeridad, bajo apercibimiento de remoción ante eventuales incumplimientos.
La resolución establece que seguirán operando los establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente aquellos con contratos en curso. En los demás casos, se ordenó preservar los activos para evitar su deterioro. La definición sobre qué plantas continuarán en funcionamiento deberá ser informada en un plazo de cinco días por la sindicatura y la coadministración, junto con un análisis técnico de cada unidad productiva.
El fallo también determinó que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos. En ese momento cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos. Asimismo, se aclaró que los salarios generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según la legislación vigente.
El expediente, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, refleja un deterioro profundo de la empresa: cesación de pagos, insolvencia generalizada y una estructura que ya no logra sostenerse. A esto se suman ocho meses de sueldos impagos, deudas por aguinaldos y denuncias sindicales por presuntas irregularidades en la liquidación de haberes.
La intervención judicial dispuesta meses atrás ya había anticipado la gravedad de la situación. El juez Marcelo Germán Gelcich había señalado problemas estructurales como la falta de información contable clara, incumplimientos reiterados y una crisis laboral en escalada.
El pedido de quiebra presentado por la propia compañía días atrás formalizó un escenario que ya se consideraba irreversible. Fundada en 1938 en Sunchales, Sancor llegó a liderar el sector lácteo en la década del '90, con un procesamiento superior a 4,6 millones de litros de leche diarios. Ese volumen reflejaba no solo su capacidad productiva, sino también un modelo cooperativo que integraba a cientos de productores y se posicionaba como referencia a nivel nacional e internacional.
Con el paso de los años, esa posición se fue erosionando. Para 2009, la producción había descendido a 3 millones de litros diarios y la empresa ya había perdido el liderazgo del mercado. La caída continuó en la última década, hasta quedar relegada a posiciones marginales.
En la antesala de la quiebra, la firma procesaba apenas unos 700.000 litros diarios —incluyendo producción propia y de terceros—, lo que evidencia la magnitud del retroceso. Sus plantas, ubicadas en Santa Fe y Córdoba, operaban con volúmenes variables y bajo esquemas fragmentados, como acuerdos a fasón y tercerizaciones, en un intento por sostener la actividad.
El deterioro respondió a múltiples factores. Entre ellos, problemas financieros persistentes, decisiones empresariales fallidas, conflictos gremiales que afectaron la producción y un contexto macroeconómico adverso. A ese escenario se sumó la deuda con Venezuela, originada en acuerdos bilaterales impulsados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
Bajo ese esquema, la cooperativa exportó productos lácteos mediante un sistema de intercambio que colapsó tras el default del país caribeño en 2017. Si bien una parte de la deuda fue recuperada, aún restan cerca de US$18 millones con escasas probabilidades de cobro, lo que agravó la situación financiera de una estructura ya debilitada.
