El ex presidente Lula da Silva continuará en prisión. Su libertad volverá a ser tratada, en agosto, por la Corte Suprema brasileña. Este es el resultado final de una pulseada entre cuatro magistrados, protagonizada el domingo, que dejaría al desnudo un nivel de “fragilidad institucional” y “desprestigio de la Justicia” según las más diversas opiniones de jueces, ex jueces y juristas. Aun no hubo tiempo de realizar encuestas sobre cómo impactó este episodio en la población. Pero una lectura fina de las consideraciones de los especialistas, y de la propia prensa, revela un desánimo pocas veces visto en el país del Carnaval.
Todo empezó este domingo con el camarista Rogerio Favreto, del tribunal federal de Porto Alegre. A él le tocó pronunciarse, como juez de turno, sobre un pedido de habeas corpus presentado el viernes por tres diputados federales: Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous, todos ellos del PT. “Simpático” a la iniciativa, el magistrado procedió a aceptar la demanda y ordenó a la policía federal la inmediata liberación del ex jefe de Estado. Una vez conocido el dictamen, entró en escena el juez federal de primera instancia con sede en Curitiba, Sergio Moro.
A él se lo conoce como el magistrado del “Lava Jato”, el caso que involucró coimas por licitaciones de Petrobras, y que salpicó prácticamente todo el universo político. Este juzgador hizo del caso de Lula, a quien acusó de haber presuntamente comprado un departamento en Guarujá, el leitmotiv de su vida. En verdad, haber puesto preso a un ex presidente no es algo que haya sucedido en el pasado de Brasil. Eso lo tornó una celebridad internacional: Un mes atrás se codeó en Mónaco con el príncipe Alberto II, quien lo sentó a su lado en la Opera de Monte Carlo.
Pues Moro, desde ese lugar, creyó que esa decisión de Favreto ponía en juego su prestigio. Y, como señalan en Brasil juristas de todas las orientaciones filosóficas y políticas, el magistrado de Curitiba cometió un grueso error. Desde Portugal, donde estaba de vacaciones, emitió una orden contraria a la del camarista. Más aún, habló con la policía de Paraná para advertirles que no dejaran libre al ex mandatario. Lo que vino después está dentro del mismo juego: intervino el juez Joao Gebran, también de la cámara de Porto Alegre y finalmente el titular de ese tribunal, Carlos Thompson Flores, quien tomó la resolución final de mantener al ex presidente detrás de las rejas.
Muchos peritos se volcaron en contra de Favrete, al señalar que como juez de turno no podía revertir con un dictamen la condición de preso de Lula da Silva. Otros indican lo contrario: que como magistrado de guardia estaba en toda su capacidad para emitir ese veredicto. En todo caso, le corresponderá al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) decidir si actuó o no en forma correcta. El caso de Moro es diferente.
Como dijo el ex magistrado Walter Maierovicth “definitivamente, actuó mal”. Para los juristas, un juzgador de primera instancia, que además estaba de vacaciones en Portugal, “no puede interferir en una decisión superior”, es decir, de un camarista. “El no tenía competencia ni atribución para rebelarse contra la resolución (de Favrete)”.
En una columna del diario Folha de San Pablo, el periodista Leonardo Sakamoto expresó la desilusión causada por la “guerrilla judicial”. Sostuvo: “La duda que flota en el aire es si la reacción en cadena (de los cuatro jueces) era inevitable. Y en ese caso, si nos llevará inexorablemente para un buraco. Léase por “buraco”, la elección por vías democráticas de una figura antidemocrática en 2018. O inclusive a la búsqueda de soluciones autoritarias por parte de una población cansada del clima del vale todo”.
Con una crítica si se quiere severa hacia la propia Corte Suprema, la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia de Trabajo, señaló en un comunicado dónde está el origen de la “anarquía judicial”, al decir del diario O Globo. Afirmó que esto no habría ocurrido si el Supremo Tribunal Federal hubiera discutido la legalidad de admitir la prisión de un acusado, cuando haya una decisión de un juzgado de segunda instancia. Varios miembros de esa máxima instancia expresaron su desacuerdo con cercenar la libertad de un individuo, cuando todavía le faltan otras instancias para apelar. Es lo que advirtió, este lunes, el ministro de la Corte Marco Aurelio Mello volvió a insistir en la “ilegalidad” de la prisión del ex presidente Lula, “cuando aún tiene derecho a recursos en tribunales superiores”.
