Por unanimidad, y con durísimos términos, sus ministros rechazaron todos sus pedidos para evitar que el juicio por corrupción con Lázaro Báez tenga una sentencia.
El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tratar un abanico de reclamos procesales con los que Cristina Kirchner intentó primero evitar y luego detener el juicio en su contra por millonaria corrupción en los contratos de obra pública vial en Santa Cruz -que invariablemente ganaba su socio Lázaro Báez- es la lógica consecuencia jurídica ante esas extravagantes pretensiones, pero también una poderosa señal hacia todo el Poder Judicial y, en el binario lenguaje con el que la vicepresidenta suele interpretar la realidad, una declaración de guerra expresa hacia ella y su relato político.
La respuesta del máximo tribunal no sorprendió a nadie, y mucho menos a la vicepresidenta. La Corte tiene una larguísima jurisprudencia respecto de su prescindencia para intervenir en temas procesales, que "no constituyen sentencias definitivas o equivalentes". Y ninguno de los planteos de Cristina podía asimilarse a esa premisa.
Según la Constitución, y excepto en los casos en los que ejerce su competencia originaria -conflictos en los que la Nación sea parte, que involucren a embajadores o entre las provincias- la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima instancia de interpretación de esa ley fundamental, encargada de que todas las leyes, reglamentos y procesos judiciales no se aparten de sus preceptos. En los juicios, sus ministros sólo intervienen si en un proceso terminado no se respetaron las garantías constitucionales o si hay motivos de "gravedad institucional". Y las acusaciones contra la vicepresidenta por delitos penales no lo causan.
Pero esas consideraciones técnicas no alcanzan para traducir el significado de la resolución que el máximo tribunal firmó este martes, cargada de un fenomenal sentido político.
Para empezar, el mejor termómetro para medir ese mensaje es la comparación de lo que acaba de ocurrir con el fallido intento de salvar a Cristina que la misma Corte casi logra concretar el 14 de mayo de 2019, cuando a pocas horas de inicio de las audiencias del caso por parte del Tribunal Oral Federal 2 una jugada de la que no fueron ajenos Ricardo Lorenzetti y uno de los jueces de ese TOF 2 intentó evitar que comenzaran pidiendo todo el expediente para analizar las apelaciones de la entonces senadora. Sólo Carlos Rosenkrantz estuvo completamente afuera de aquella componenda.
La maniobra fue adelantada en exclusiva por Clarín minutos antes de que ocurriese, y la magnitud del escándalo forzó una desprolija marcha atrás: lo que en aquel momento era urgencia y premura por "estudiar los recursos de Cristina Kirchner" con la ridícula exigencia de remitir todo el expediente original a la Corte -lo que provocaba como consecuencia que no estuviera disponible para el TOF 2, y favoreciera la decisión de su entonces presidente de suspender el inicio del juicio- se convirtió por arte de magia en un burocrático análisis que llevó tres años, y que terminó este martes con el lacónico rechazo de todos los pedidos.
Tan bizarra fue aquella operación, que luego de comunicar extraoficialmente que el juicio no se iniciaría porque la Corte debía estudiar los papeles originales de la causa, 72 horas después se dispuso "devolverla" al tribunal oral porque ya se la había fotocopiado. Fue el 17 de mayo de 2019.
La Corte Suprema devolvió el expediente al TOF 2, tras sacarle fotocopias
La presión de Cristina Kirchner para evitar su fotografía en el banquillo de los acusados había sido fenomenal, pero infructuosa. El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019, y desde entonces todos los testigos ratificaron lo que habían dicho en la instrucción del caso ante el juez Julián Ercolini: que numerosos decretos y disposiciones de Néstor Kirchner habían reorganizado el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad para facilitar el manejo de las licitaciones y el flujo de pagos, que varios funcionarios habían sido desplazados de sus cargos para ser reemplazados por personas incondicionales de Julio De Vido y José López; que en simultáneo Lázaro Báez iba comprando o controlando a todas las empresas constructoras de Santa Cruz, que las licitaciones de obras viales para esa provincia -a la cual se destinó un presupuesto históricamente desproporcionado- simulaban una competencia que no existía, que casi nueve de cada diez contratos terminaban en manos de Báez, que los presupuestos de esas obras incluían sobreprecios promedio superiores al 60%, que nadie en Vialidad controlaba que las obras se hicieran -y cuando alguien quería hacerlo era desoído o desplazado-, que Báez no terminaba muchas de las obras que le adjudicaban y que por la capacidad técnica y financiera de sus empresas no podría haber obtenido en simultáneo si nadie muy arriba en el poder no intercedía para que lo hiciera, y que el contratista era el único que cobraba antes que nadie los anticipos financieros y pagos parciales por las obras, que en muchos casos no existían.
La demoledora enumeración puede continuar. En tres semanas, el 11 de julio, comenzarán los alegatos finales, en los que tendrá un protagonismo excluyente el fiscal Diego Luciani, que hizo un gran trabajo para sostener y ampliar la acusación que habían iniciado sus colegas Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques. Los organismos públicos que se habían presentado como querellantes en el caso se fueron borrando de a uno, sólo falta que en un descuido también lo haga la Unidad de Información Financiera.
Este alarmante camino era el que vislumbraban Cristina Kirchner y su excelente abogado, el doctor Carlos Beraldi. Por eso, luego del fracaso de los intentos para evitar el juicio -que fueron reiterados en las causas Hotesur y Los Sauces, y Pacto con Irán-, y ya desde el sillón de la vicepresidencia, la viuda de Néstor Kirchner lanzó una intifada continua contra la Corte y cada uno de sus ministros, alimentada por marchas de sus fanáticos frente a los tribunales hasta rocambolescos proyectos de ley para modificar las competencias del máximo tribunal o ampliar sus integrantes hasta convertirlos en una asamblea.
Nada de ese ruido torció la lapicera de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que este martes despejaron de un soplo las nubes para que el fiscal Luciani y los jueces del TOF 2 puedan proseguir tranquilos con su trabajo. Ellos son los destinatarios directos de estas resoluciones, pero no los únicos: cada juez, camarista y fiscal nacional acaba de recibir un enérgico mensaje de la Corte Suprema de Justicia, cabeza de uno de los tres poderes de la república.
También lo recibió Cristina, que con sus ataques al tribunal ya venía anticipando su contenido. Es de esperar ahora que la pirotecnia verbal contra los jueces aumente en frecuencia e intensidad. Y que alguna bomba de otra magnitud estalle cuando llegue la hora de la temida sentencia, antes de fin de año.
