La central obrera da por hecho que el oficialismo contará con los votos para que la ley quede sancionada esta semana. No convocarán a un nuevo paro, pero discutirán cómo llevar el proyecto a los tribunales.
La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este miércoles para definir la estrategia judicial con la que buscará frenar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En la central obrera dan por hecho que el oficialismo contará con los votos para que el Senado ratifique las modificaciones introducidas en Diputados y que la ley quedará sancionada esta semana; por eso, apostarán a la ofensiva judicial.
Con ese escenario, en el que la vía parlamentaria aparece cerrada, la conducción sindical decidió que no convocará a un nuevo paro general, como piden los gremios combativos. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de una votación que dan por encaminada tendría bajo impacto en la votación del Senado y alto costo político.
La discusión pasará entonces por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en caso de que sea sancionada. Será el principal instrumento para cuestionar artículos que, según sostienen, vulneran derechos consagrados en la Constitución.
El dato político es que tampoco habrá una huelga impulsada por los sectores más duros. Los gremios combativos optaron por organizar una movilización al Congreso este viernes, día de la sesión en el Senado, sin paro nacional, lo que expone una diferencia táctica, pero evita una ruptura formal con la CGT.
La vía judicial como estrategia central
En la CGT sostienen que la reforma vulnera principios constitucionales básicos en materia laboral. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales —que trabajan hace semanas sobre el texto— para la presentación judicial figuran el principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.
La central obrera apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían impactar en el cálculo de indemnizaciones.
El planteo se preparará para ser presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal con la intención de que se declare la inconstitucionalidad de la ley. En la conducción cegetista admiten que la Corte Suprema podría no frenar la norma en bloque y que muchos planteos deberán resolverse caso por caso. Aun así, consideran que la judicialización es el único camino con chances de impacto institucional una vez agotada la instancia legislativa.
Sin paro y con movilización de los gremios combativos
La decisión de no convocar a un nuevo paro general ya está tomada. En la mesa chica de la CGT coinciden en que el último cese de actividades dejó una señal política y que repetir la medida no modificaría el resultado legislativo.
En cambio, los gremios alineados en el espacio más combativo, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que en las últimas semanas presionaron por una postura más dura, resolvieron avanzar con una movilización al Congreso. La protesta no incluirá huelga, aunque algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya lo anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Las opciones que se barajarán en la reunión de este miércoles de la mesa chica de la CGT serán las de acompañar formalmente la convocatoria a la movilización, mantener una presencia institucional sin involucrarse en la organización o dar libertad de acción a los gremios que quieran sumarse a la marcha.
La postura busca evitar una nueva exposición de diferencias internas entre el sector dialoguista y el ala dura del sindicalismo y pretende ordenar la estrategia en torno de la judicialización y preservar margen de acción para el escenario posterior a la eventual sanción de la ley.
Además, algunos dirigentes sindicales anticiparon que, si la ley es aprobada, buscarán exponer a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a aquellos vinculados al peronismo. Consideran que la reforma implicará un retroceso en derechos laborales y que el costo deberá asumirse en el plano político.
