La huelga sería el 10 de abril con cese total de actividades por 24 horas, aunque hay un sector que pretende que sea de 36 horas; un día antes, los gremios se movilizarían en apoyo a los jubilados-
En su primera reunión de consejo directivo a pleno en lo que va del año, la CGT definirá esta tarde la fecha del tercer paro general que activará contra la gestión de Javier Milei. La protesta sería el jueves 10 de abril y consistiría en un cese total de actividades por 24 horas. Un día antes, la central obrera se movilizaría a la Plaza del Congreso para apoyar el reclamo que todos los miércoles realiza la Mesa Coordinadora de Jubilados, integrada por 15 agrupaciones multipartidarias.
Héctor Daer, uno de los jefes del triunvirato de mando de la CGT, ratificó a LA NACION la decisión de romper la fugaz tregua que habían sellado con el Gobierno a cambio de que no se avance en el Congreso con la reforma del sistema sindical y mantener vigentes el cobro de cuotas solidarias, aportes extraordinarios y reelecciones indefinidas. El enfrentamiento con la gestión libertaria se aceleró por la represión policial en la marcha de los jubilados de la semana pasada y a partir del endurecimiento oficial para convalidar paritarias por encima de la inflación.
El consejo directivo de la CGT se reunirá a partir de las 15 en la sede de Azopardo y se espera asistencia casi perfecta. Hay sectores que no están de acuerdo con el choque con el Gobierno y que manifestaron internamente su desacuerdo. Entre ellos, están Gerardo Martínez (Uocra), siempre de perfil más dialoguista y conciliador, y Luis Barrionuevo, que no logró que sus hombres en la central obrera se opongan a la medida. En un intento por diferenciarse, Barrionuevo amenazaría ahora con pedir que el paro se extienda a 36 horas, con inicio el miércoles 9. Los sindicatos del transporte, determinantes para garantizar el éxito de la huelga, darían su respaldo, aunque resta definir la postura de los colectiveros de la UTA. Roberto Fernández, su referente, luce incómodo ante el conflicto y su adhesión estaría en duda, según averiguó LA NACION.
Además de resolver la fecha del paro, la CGT confirmará su asistencia a la movilización junto con organismos de derechos humanos para el lunes próximo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
La CGT reunió hace diez días a su mesa chica por primera vez en 2025. Después de más de tres horas de debate, se dispuso romper el pacto que se había sellado con el Gobierno. Antes de la protesta en el Congreso que terminó con represión y heridos, los sindicalistas esgrimían que se debía avanzar con una huelga contra el límite en las paritarias, por la caída en la producción industrial, por la crisis de las obras sociales y para cuestionar el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque suponen que derivará en una devaluación del peso y en más ajuste.
En la cúpula de la CGT hay dirigentes que advierten sobre un “momento de debilidad” del Gobierno. Ya habían tomado nota de la importante convocatoria a la marcha en defensa de la diversidad sexual a la que llamaron los colectivos LGBT en enero, después del discurso presidencial en Davos desde donde Milei acusó a los homosexuales de pedófilos. “Le entraron a Milei por primera vez las balas”, dijo un dirigente del ala dialoguista después de esa manifestación durante el verano. Hace unos días, en una reunión de mesa chica, los popes sindicales evaluaron también el supuesto impacto negativo en la imagen presidencial del escándalo de la criptomoneda $LIBRA y de las primeras turbulencias económicas y cambiarias.
Una vez confirmada la fecha de la huelga, las dos vertientes de la CTA y gremios enrolados en el Frente de Izquierda anunciarán su adhesión a la protesta cegetista. De concretarse, será el tercer paro de la central obrera peronista contra Milei. El primero fue el 24 de enero de 2024, a solo 45 días del inicio de la gestión libertaria y después de cuatro años de silencio y letargo durante el gobierno de Alberto Fernández. El segundo fue el 9 de mayo del año pasado. Luego, se abrió un canal de negociación a través del que se acordó, por ejemplo, que no avancen en el Congreso los proyectos para reformar la ley de Asociaciones Sindicales, clave para la democracia y transparencia interna de las organizaciones.
