La decisión del tribunal obliga a una negociación con el fondo Burford. Qué podría pasar en la instancia de apelaciones y por qué es difícil que tome el caso la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Luego del fallo adverso de la jueza Loretta Preska del viernes por la estatización de YPF, el Gobierno intentará ganar tiempo y margen de maniobra para fortalecer su posición en la negociación que se avecina con el fondo Burford Capital. Pero es muy difícil que los tribunales de los Estados Unidos abran una puerta que permita aliviar la carga de la nueva sentencia.
Preska ya había dictaminado que el Estado argentino debía resarcir a Burford por la expropiación de la petrolera estatal. Ahora, la jueza rechazó todos los argumentos presentados por la Argentina para intentar que esa indemnización sea lo más baja posible.
La magistrada indicó que el país deberá afrontar la mayor indemnización posible, que según la fórmula que diseñaron para hacer ese cálculo asciende a 16.050 millones de dólares. Sería la más cara de la historia argentina. “Se ordena a las partes que presenten una propuesta de sentencia consistente con estas conclusiones de hecho y de derecho”, cerró la magistrada.
El país todavía puede apelar y el Gobierno ya indicó que lo hará, aunque igualmente deberá pagar un fondo de garantía. Pero la apelación tiene escasas probabilidades de prosperar: el historial indica que es altamente atípico que la Corte de Apelaciones revierta un fallo de primera instancia.
En efecto, si la apelación de la Argentina zozobra, el país podrá intentar llevar sus argumentos hasta la Corte Suprema de Justicia, tal como lo hizo con la sentencia en contra que dictó el juez Thomas Griesa en la demanda liderada por Elliot Management por el default de 2001.
En esa ocasión, el máximo tribunal de Estados Unidos rechazó tomar el caso, ya que consideró que no tenía motivos para hacerlo. La Corte Suprema suele tomar pocos casos al año, y los nueve jueces que integran el tribunal, ahora de claro perfil conservador, solo toman los litigios más importantes y relevantes para el país, aquellos en los que los tribunales inferiores mostraron, por ejemplo, posiciones dispares, o que por el tema que tocan –el acceso al aborto o los alcances del gobierno federal, por mencionar dos– requieren una lectura de la máxima instancia que zanje una disputa a través de la interpretación de la constitución de los magistrados.
Una vez que las sentencias de Preska queden firmes, arrancará una nueva disputa. La Argentina puede decidir desconocer el fallo y negarse a pagar la indemnización, con el costo político y económico que una decisión de ese estilo conlleva. La dura puja con Elliot Management, de Paul Singer, y los ataques del gobierno de Cristina Kirchner a las decisiones de los tribunales norteamericanos hundieron la relación bilateral con Estados Unidos. Y, en ese momento, la Argentina no era el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo cual podía prescindir del respaldo de la Casa Blanca.
Una eventual pelea por el cobro de la sentencia puede llevar a la Argentina a las mismas disputas que mantuvo con los fondos buitres, que intentaron múltiples embargos de los bienes públicos nacionales. Ese esfuerzo llegó a dejar a la Fragata Libertad embargada en un puerto en Ghana, una maniobra inédita que copó titulares globales.
Si el próximo gobierno, sea del color político que sea, decide pagar la indemnización a Burford Capital, deberá sentarse a negociar la cifra final. Con una sentencia firme, Burford estará fortalecido para negociar un monto elevado. Pero la Argentina podría llegar a negociar una cifra inferior, reduciendo el monto de los intereses u ofreciendo un pago al contado, tal como hizo el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre.
Salvo el escenario en el cual el próximo Gobierno decida darle la espalda a los fallos de la Justicia norteamericana, y acepte pagar el costo que esa decisión conlleva, la Argentina se encamina a pagar la sentencia más cara de la historia.
