El tercer trimestre comenzó con todo y los acontecimientos en desarrollo no dan tregua en esta serie de tsunamis políticos y judiciales sin precedentes.
En la misma semana en que Lázaro Báez fue detenido por la justicia debido al peligro de evasión, Leonardo Fariña se acogió a la ley del arrepentido y comenzó a cantar la canción de la delación revelando los secretos de sus ex mandantes.
Cristina Kirchner debía comparecer ante el juez Bonadío este miércoles, pero las revelaciones hechas por Leonardo Fariña fueron de tal magnitud que el fiscal Guillermo Marijuan terminó imputando a la ex presidente en una de las causas más graves entre las que enfrenta.
También se teme que el propio Lázaro Báez termine por romper el código de la omertá kirchnerista y sumarse al club de los arrepentidos que buscan salvar el pellejo o al menos lenidad de parte de los jueces federales que, instruidos por el presidente de la Corte, salieron con los tapones de punta.
Si bien era cuestión de tiempo y era previsible que de que se abra la veda judicial con la ex presidente, nadie se esperaba que el propio presidente de la nación terminara también dentro del ojo de la tormenta que causó la revelación de los Panama Papers.
La revelación periodística del año que ya le ha costado la renuncia al primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson, y que tiene a grandes hombres de la política internacional seriamente comprometidos, tiene entre estos notables nada menos que al presidente Macri.
El nombre del presidente figura como directivo de una empresa offshore que creó su padre con fines de inversión en Brasil. No hay un documento en el que conste la aceptación del nombramiento. Hasta ahora no hay ni una firma, ni una cuenta bancaria.
Macri dio las explicaciones pertinentes en una entrevista con La Voz del Interior. Posteriormente Casa Rosada emitió un comunicado, y hasta algunos de los miembros del gabinete salieron en defensa del presidente. Para despejar toda duda, en un gesto histórico, el presidente se puso a disposición de la Justicia.
Según publicamos, entendemos que no existía obligación del presidente a declarar algo que ya había declarado su padre. a nivel nacional, el artículo 2 bis del régimen de Presentación de Declaraciones Juradas incorpora desde el año 2001 la obligación declarar “todas las actividades laborales o cargos retribuidos o no” que el sujeto obligado a presentar una declaración jurada desempeñe en ese momento o “haya desempeñado dentro de los tres últimos años”. Teóricamente debería haber declarado su cargo en la sociedad de la que su padre fue titular, y que declaró ante la AFIP o la DGI.
Pero el régimen –en un punto cuestionado por algunos especialistas- limita esa obligación especifica a “todo funcionario de la Administración Pública Nacional, no elegido por sufragio universal”, lo que excluiría tanto al presidente como al vice, los diputados y los senadores.
En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la Ley de Ética Pública estipula en el punto 10 que “las personas alcanzadas por el presente Capítulo (el jefe de Gobierno, entre muchos otros) se encuentran obligadas a declarar, ante las dependencias de personal o de recursos humanos respectivas, cualquier otra actividad, empleo o función que desempeñen”. Pero la ley es de 2013, cuando, se supone, Fleg ya no operaba.
Por tanto, como vemos, si el presidente no fue accionista -como el mismo aseguró- no estaba obligado a declarar. Quedará corroborar la veracidad de que el presidente no obtuvo remuneración por su cargo de director en la firma y que no poseía capital o acciones en la misma.
El dilema de Macri no está tanto en la legalidad del caso o si tenía o no la obligación de declarar. Nuestra opinión es que, mientras no aparezca otra cosa más comprometedora, el presidente no hizo nada ilegal y todo parece indicar que no trnía esa obligación a declarar. El dilema está en la legitimidad; en lo ético y lo moral.
Es cierto que no es algo inusual que los empresarios utilicen el sistema offshore con fines comerciales lícitos. Pero también es de público conocimiento que hay muchos que aprovechan el sistema para evadir impuestos y esconder capitales. He ahí el dilema del presidente.
Las próximos días y semanas serán intensas sobre todo en los tribunales federales de Co0modoro Py. No habrá tiempo ni para pestañear y la próxima foto de impacto podría ser la de Cristina Kirchner en custodia policial siendo trasladada a un establecimiento penitenciario.
Esta semana que pasó vimos el inusitado desfile de ex funcionarios por los estrados judiciales. Esta semana que comienza promete como plato principal a la ex presidente de la nación.
EN JUJUY
En nuestra provincia tenemos la resonante megacausa por la millonaria defraudación al Estado supuestamente cometidas por las organizaciones sociales vinculadas a Milagro Sala y a una asociación ilícita que involucra a funcionarios nacionales, provinciales y autoridades municipales que habrían participado de las maniobras fraudilentas.
Justamente esta semana abrió el paraguas la intendente de Calilegua, Elsa Flores, quien aseguró que recibó amenazas toda vez que se intentó controlar la ejecución de las obras que debían realizar las cooperativas y organizaciones sociales vinculadas a Milagro Sala. El argumento podría hasta parecer infantil si es que la lider tupaquera no tuviera un pasado con antecedentes de conductas violentas y extorsivas. Sin embargo el reconocimiento del incumplimiento de los deberes de funcionario público saltan a la vista.
Aquí también aparecen los arrepentidos que están "cantando" todo a una Justicia que por primera vez en años se le anima a Milagro Sala.
Esta semana el Fiscal de Estado de la Provincia, Mariano Miranda, y el Fiscal Anticorrupción, Juaquín Millón Quintana, presentaron una ampliación de denuncia contra Milagro Sala y otros por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública en concurso real, y contra el ex ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido y otros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como partícipes necesarios en el delito de defraudación a la administración pública.
La denuncia, que se presentó este jueves señala que en el período comprendido entre los años 2004 y 2015, titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy (UEP) y de diversos municipios jujeños, suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de cooperativas de trabajo pertenecientes a la organización Tupac Amaru.
El día 24 de febrero de 2016, el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, junto al Fiscal Anticorrupción de la Provincia, Joaquín Millón Quintana, interpusieron una denuncia ante el agente fiscal de turno señalando una serie de irregularidades con la que se habrían otorgados un conjunto de “adicionales de pago” para la construcción de viviendas por medio de cooperativas de la Tupac Amaru. Además de los fondos enviados desde Nación para la construcción viviendas, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgó estos adicionales de pagos, denominados “Addendas”, para la supuesta terminación de las obras.
La irregularidad manifiesta que los fiscales denunciaron radicaba en que en los expedientes de pago las viviendas por las que se consignaban los adicionales ya habían sido informadas como completamente terminadas por la provincia. En resumidas cuentas, ya se había pagado más de 410 millones de pesos y por estas Addendas se había pagado un suplementario de más de 100 millones de pesos, por obras que en los expedientes ya figuraban como terminadas.
Pero además, los fiscales denunciaron a Milagro Sala, como líder de una asociación ilícita integrada, entre otros miembros, por las autoridades de la cooperativa Pibes Villeros Ltda. A saber, Patricia Cabana, Javier Rivero e Iván Dante Altamirano. Es que dos de los millonarios cheques cobrados por esta cooperativa correspondían a pagos de estas Addendas, todo lo cual fue captado por las cámaras de seguridad del Banco Nación y más tarde difundido por distintos medios de comunicación. Además, aquella denuncia apuntaba a Sala y a los integrantes de Pibes Villeros como autores del fraude a la administración producido con el dinero de estos adicionales, señalando a los funcionarios como participes necesarios de ese delito. Se investiga el destino de 715 millones de pesos de 1827 viviendas que nunca se construyeron.
Fuera de esto, los gremios están nuevamente en pie de guerra contra el gobierno por desacuerdos en la actualización salarial otorgada por el gobierno, principalmente, y oros puntos que ya son tradicionales en los reclamos gremiales.
La semana pasada hubo diversos paros, y esta semana ya se ha anunciado que habrá más medidas de fuerza.
















