Hasta el momento ya se imputaron a diez individuos, conforme sean identificados los veinte restantes se los imputará por "usurpación".
El pasado lunes 7 de septiembre en horas de la mañana se desalojó a 30 personas que se encontraban usurpando terrenos en las 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. La treintena terminó demorad en una dependencia policial.
El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Menores, Aldo Lozano, procedió a imputar a diez de las treinta personas detenidas durante el intento de usurpación. El propio Lozano declaró que, si bien por ahora son solo diez, se procederá a "imputar a la totalidad de los detenidos" ya que el hecho llegó a consumarse, según el Fiscal.
Las veinte personas restantes serán imputadas a medida que vayan siendo identificadas, afirmó Lozano. Además, se continúan analizando los elementos probatorios que recolectó la Policía de la Provincia de Jujuy.
"El delito es usurpación consumada ya que el delito se comete desde el momento en el que el imputado arremete o se posesiona, más allá que después haya sido desalojado", explicó el Fiscal.
Según la investigación el número total de personas es de casi un centenar, todas se convocaron por redes sociales e intentaron usurpar tierras de propiedad privada en el populoso barrio. De ese número se logró capturar a 30 personas -23 hombres y 7 mujeres-, además 7 efectivos policiales resultaron heridos.
Durante el operativo desplegado en Alto Comedero se secuestraron palas, picos, machetes y otras herramientas para llevar adelante la usurpación.
Demoraron a 30 personas que intentaron usurpar terrenos.
En cuanto a la tarea realizada por la Policía, Lozano indicó que fue "dispersión de personas" realizada con "intimación previa" aunque, al no acatar esa orden, se dispuso que puedan actuar con la fuerza pública.
Según el Código Penal, las penas para tal delito pueden ir de 6 meses a 2 años de prisión a "aquellas personas que irrumpan de manera violenta o clandestina en un terreno o propiedad de índole fiscal o privado".
Por otra parte, la Dirección de Delitos Complejos inició una investigación ante "informaciones publicadas en las redes sociales en donde se convocaba a tomar tierras". El objetivo es hallar el origen de las convocatorias y dar con los autores.
