En la tarde del viernes tuvo lugar, en uno de los salones del Hotel Internacional, una disertación sobre las reformas del Código Civil y Comercial a cargo de la diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño, quien fue miembro de la Comisión Bicameral que redactó el nuevo código.  La misma fue convocada por el Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Jujuy, que en el transcurso del año ha venido desarrollando una interesante agenda con distintas charlas y conferencias sobre temas de Derecho Civil tras la sanción del nuevo Código civil y Comercial que tendría que entrar en vigencia en 2016.

En este sentido la diputada Camaño señaló que "ha habido una enorme modificación a nuestro Código Vélez Sarfield, que es nuestro Código originario, respecto a la temática de familia, dando mayor relevancia al criterio de la supremacía de la autonomía de la voluntad, lo cual nosotros creemos que es altamente perjudicial".

Antes y después de la sanción por el Congreso del nuevo código de derecho privado, que es el derecho que rige la vida y las relaciones entre las personas desde el momento de la concepción y hasta más allá de la muerte, se han venido realizando audiencias públicas exponiendo la temática de los instituto de derecho que fueron reformados e introducidos con la reforma.  "Uno de los temas más ponderados en las audiencias públicas fue justamente el Libro de Familia.  Lo que nosotros advertimos es que se tomaron algunas cuestiones, a las que damos la bienvenida como la exclusión de la subrogación de vientres -que estaba en el proyecto original- pero surgen algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo", señaló la diputada del Frente Renovador.

Pero más allá de la exposición de algunos temas que resultan controversiales, y que han causado cierto rechazo en la sociedad y en los partidos políticos, la diputada Camaño ahora está más preocupada por una iniciativa del oficialismo que busca adelantar la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código civil y comercial. "Ya tiene media sanción en el Senado, esperamos tratarlo en la Cámara de Diputados la semana que viene", adelantó y explicó que "la pretensión del oficialismo es modificar la fecha original que tenía para la puesta en vigencia, que iba a ser en agosto del 2016; quieren trasladarla a agosto del 2015".

En ésa línea explicó la razón de la oposición del Frente Renovador a adelantar la entrada en vigencia que auspicia el kirchnerismo, "en el bloque del Frente Renovador no estamos de acuerdo con la modificación; creemos que hay una adecuación que no solo tiene que darse en el ámbito de la Justicia sino también en el mundo académico, y fundamentalmente en la sociedad".

Al referirse a los temas que la oposición en general señala como controversiales y demanda una revisión, Camaño enumeró "hay modificaciones muy importantes que se hicieron, muy profundas. Nosotros creemos que entre esas modificaciones hay cuestiones que tienen que ser corregidas, hay cuestiones que van a significar mucho conflicto en la sociedad.  Solo por dar un ejemplo, tenemos el tema de las donaciones en el régimen de sucesión.  Ahí hay un pedido muy fuerte de parte de los escribanos en el sentido de que se modifica el régimen de donaciones que hacen los padres a los hijos, lo que estimamos que puede generar conflictos al momento de la sucesión.  Y éste es solo uno de los temas controvertidos.  Hay cuestiones que tienen que ver con la propiedad horizontal, con cuestiones indefinidas en cuanto el anteproyecto ha dado una supremacía muy importante al condominio por sobre el dómino, hecho que creemos que va a generar muchos conflictos.  Hay una serie de cuestiones en las que, sin duda, ajustarlo y ponerlo en funcionamiento va a traer interpretación por parte de los tribunales".

Por otro lado, la diputada Camaño señaló una cuestión de sentido común, que es el tiempo que tendrían los abogados y los estudiantes de derecho para ponerse al corriente de las modificaciones de la reforma.  "Por esto creemos que el 2016, como fecha de puesta de funcionamiento, que es la fecha contemplada por el proyecto originario, creemos que es muy atendible", dijo y añadió "en el ámbito académico, por ejemplo los alumnos que hasta acá pudieron haber rendido materias de Derecho Civil van a tener que hacer una revisión.  Con el adelantamiento de la entrada en vigencia les estaríamos dejando nada más que seis meses para esa revisión".

Para finalizar, la diputada del Frente Renovador evaluó "la verdad que no entendemos a qué responde ése apresuramiento -es uno de los cuestionamientos que tenemos-.  Creemos que así vamos a formar una generación de abogados con concepción incompleta de una temática  importante como es el Derecho Civil", y agregó "no nos olvidemos que cuando hablamos de Código Civil y comercial hablamos nada menos que del Derecho Privado, que es el que regula las relaciones entre las personas, por lo tanto creemos que es muy importante que pueda ponerse en conocimiento de todos".

Otras críticas

En el exordio de su presentación, la Dra. Camaño hizo referencia al hecho de que entre los redactores hubo importantes juristas, entre ellos dos miembros activos del Poder Judicial hecho que le parece criticable por contrariar la división de poderes en un sistema republicano.  "en el proceso participaron tres destacados juristas que tienen responsabilidades en el ámbito judicial, Lorenzetti, Highton de Nolasco y Carlucci, dos de ellos jueces de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, y una de ellos juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza", señaló y aclaró "los menciono porque este es uno de los cuestionamientos que podemos hacer a esta reforma del Código, habida cuenta de que vivimos bajo un sistema democrático, consagrado por la Constitución que dice que el Poder Ejecutivo es el el que ejecuta, el Poder Legislativo es el que legisla y el Poder Judicial es el que juzga.  En este caso, la modificación del código tuco como autores dos miembros activos de la Corte Suprema". 

Por otro lado, Camaño señaló que en el proceso de revisión, no tuvieron participación algunas comisiones del Congreso, salvo la Comisión Bicameral Revisora, "el proyecto debía pasar a las comisiones pertinentes, para que las comisiones también pudieran darle un dictamen apropiado para luego convertirlo en ley con el conjunto del cuerpo". 

Finalmente se refirió a la imposibilidad de argumentar en contra de algunas propuestas que llevaba el anteproyecto original, "nosotros tenemos una muy mala costumbre en el debate político, que es dividirnos entre clericales y anticlericales, incluso en lo que es el análisis jurídico y doctrinario; la respuesta a los argumentos de los que no pensamos igual es sencillo, "responden a la Iglesia", entonces no hay posibilidades de argumentar", se quejó Camaño, y concluyó "sin dudas, el producto que se logró no responde a la idiosincrasia de nuestro pueblo o a nuestras costumbres",