El ministro de Justicia y DD.HH. consideró además que tras las condenas que recibió la dirigente social en los Tribunales de Jujuy “se alejaron los fantasmas de una persecución” en su contra.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, consideró que la dirigente social Milagro Sala “no es una presa política”, y aseguró que tras las condenas que recibió en los últimos días la líder de la organización Tupac Amarú en los Tribunales de Jujuy “se alejaron los fantasmas de una persecución” en su contra por parte de las autoridades que gobiernan esa provincia.
“Cuando hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia no se puede hablar de presos políticos y eso es lo que sucedió esta semana con Milagro Sala. No puedo hablar si estuvo bien o mal condenada. Ahora vendrán los recursos y las apelaciones. Creo que es un buen ejemplo de una Justicia que funciona”, evaluó Garavano en declaraciones a Radio 10.
En ese sentido, el funcionario señaló que los casos judiciales “no pueden quedar en un limbo”, y que deben acelerar los procesos para que se demuestre “la inocencia o culpabilidad” de los acusados en la instancia de juicio oral.
“Los jueces deberían poder desestimar las acusaciones o habilitar con más rapidez la instancia de juicio oral para demostrar las acusaciones. El sistema está muy bastardeado. Tenemos que poner el ojo en el consejo de la Magistratura, que es el órgano que designa a los magistrados, para terminar con las subrogancias y asegurar la independencia”, sostuvo Garavano.
Con respecto a la renuncia de la magistrada María Romilda Servini a su cargo como jueza electoral de la Provincia de Buenos Aires, el ministro alegó “desconocer” si esa decisión obedeció a “presiones” por parte del poder político.
“Lo único que sé, es lo que dice la nota que la jueza presentó ante el Consejo de la Magistratura. No sé si hizo otras declaraciones. Nuestra postura, como política de Estado, es no influir sobre la Justicia”, aseguró Garavano.
Sobre la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman presentó hace dos años contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, Garavano sostuvo que “ahora se debe dejar actuar” al juez federal Ariel Lijo, el magistrado que resultó sorteado para instruir en este expediente.
“No puedo opinar sobre la reapuertura de esa causa. Lo que digo es que cuando hay una denuncia, lo normal es que el juez tome una serie de medidas antes de desestimar una acusación, y eso no fue lo que se hizo con la denuncia de Nisman”, en clara referencia al juez Daniel Rafecas, que rechazó la presentación de quien fuera el titular de la UFI AMIA por considerar que “no había delito”.
Por último, Garavano reiteró que existe “una sobredosis de Comodoro Py”, en alusión a la sede de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
“Muchas veces hay imputaciones y procesamientos que se evalúan como su fueran condenas por parte de la sociedad. La gente conoce más a los jueces de instrucción que a los integrantes de los tribunales orales. Eso es lo que debemos cambiar con un sistema acusatorio. La Justicia este año actuó con independencia investigando al gobierno anterior y al actual”, enfatizó.
