Se desarrolló la segunda de tres jornadas en la corte del Distrito Sur de Manhattan, a cargo de Loretta Preska. La discusión está centrada en la cifra de resarcimiento que tendrá que desembolsar el Estado en un rango de entre USD 4.900 y USD 16.000 millones.
La jornada de hoy, la segunda de tres, fue tensa en el tribunal de Loretta Preska, la jueza a cargo de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se tramita el juicio por la expropiación de YPF, en el que el Estado argentino ya fue declarado culpable.
Fueron nueve horas de debates fuertes, interrupciones y cruces acalorados típicos de este tipo de juicios en EEUU. “Cómo en las películas”, resumió uno de los presentes. Las partes presentaron testigos y expertos. Los que hablaron representando a Argentina argumentaron por qué creen que deberá pagar unos USD 4.900 millones, la cifra menor de un rango estimado, mientras que el demandante, el estudio inglés Burford Capital, fue enfático al detallar por qué quieren cobrar USD 16.000 millones de dólares, el extremo máximo de ese rango. Los ánimos se fueron caldeando hasta que Preska se cansó y, literalmente, los mandó a todos a sus casas. Mañana por la mañana volverán y terminarán las presentaciones. Luego la jueza que reemplazó al fallecido Thomas Grieza tendrá que decidir.
Vale recordar que este juicio es para definir lo que tendrá que pagar el Estado argentino por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente. Ese proceso erróneo disparó una serie de denuncias de accionistas que luego vendieron sus derechos a litigar a Burford.
Entre los presentes en la corte están Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación Argentina y, por lo tanto, abogado del país, quien está representado por letrados del estudio jurídico Sullivan & Cromwell.
“No creo que sea un fallo fácil, habrá muchos detalles sobre cuestiones económicas y hasta matemáticas. No es para menos, es el monto más alto que un país soberano deberá pagar en una corte de EEUU. Cuando esté el fallo, Argentina va a apelar. Estos días se ve que una resolución rápida, para agosto o septiembre, sería muy optimista. Los abogados entran todos los días con cajas y cajas de pruebas y es un material que la jueza deberá analizar para escribir el fallo”, le explicó esta tarde a Infobae Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este caso que duró ocho años. Maril está presenciando el juicio en Manhattan.
“Cuando habló el testigo económico argentino, el profesor Harris, hubo mucha interrupción y por eso se terminó dejando todo para mañana. Toda la discusión se centra en definir el monto del resarcimiento. El testigo de Burford, que es una eminencia, el profesor Daniel R. Fischel, habló dos horas de manera muy sólida. Cuando llegó el turno del representante local, cuestionó mucho los dichos del primero y empezaron los cruces más fuertes”, detalló Maril.
Parte del debate se centra en determinar la fecha de cuándo Argentina tomó posesión de las acciones de Repsol y la tasa para definir los intereses punitorios. La fórmula de YPF se basa en el primer concepto, más centrado en el precio de las acciones de la petrolera, que colapsaron luego de la expropiación.
Burford y Eton Park señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
Mientras que el Estado argentino sostiene que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.
Argentina acumula una serie de fallos en contra desde que comenzó la demanda: un total de 6 reveses entre 2016 y 2023. Incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en 2019, que rechazó analizar el caso y apoyó lo realizado por Preska. El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández.
En marzo pasado, Preska determinó que el Estado Argentino, pero no la empresa, fue responsable de cometer errores en la expropiación. El costo de esos errores es lo que se debate en estos días en Nueva York.
