Facundo De Vido aparece como el conductor autorizado de la camioneta de una de las empresas beneficiadas por los contratos; investigan negocios con Venezuela
Facundo De Vido, uno de los hijos de Julio De Vido, y un funcionario del área de Salud que comandaba Rocío García, la esposa de Máximo Kirchner, aparecen como beneficiarios de pagos en la causa por el fraude por las obras de la mina de Río Turbio, que mantienen preso al ex ministro de Planificación. Así consta en documentos judiciales e informes del Gobierno.
El hijo de De Vido aparece como el conductor autorizado de una lujosa camioneta de doble tracción que adquirió una de las empresas que cobraron cheques por 19 millones de pesos de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que debía realizar la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio.
De Vido firmó convenios con la UTN para realizar las obras a través de una fundación de la universidad, que era, a su vez, la que le pagaba los cheques a la empresa dueña del auto que maneja el hijo del ex ministro. Esta circunstancia hizo pensar a los investigadores del fraude contra el Estado en el yacimiento carbonífero que, en realidad, De Vido padre era al menos uno de los beneficiarios del negocio.
Coincidencias
Facundo De Vido es músico y trabajó como empleado de la productora de Jorge "Corcho" Rodríguez, sospechado de ser uno de los intermediarios en el pago de coimas de Odebrecht para la construcción del soterramiento del Sarmiento, causa por la que De Vido es investigado.
Otra sospechosa coincidencia que ocultan las finanzas de la Fundación Regional Santa Cruz de la UTN es que dos empleados públicos cobraron cheques de caja por 3,5 millones de pesos. Ellos se desempeñaban en el área del Ministerio de Salud provincial, un área vinculada a Rocío García, esposa de Máximo Kirchner.
La tercera relación entre los pagos de la fundación de la UTN y el kirchnerismo está vinculada a Cadexa Service, una empresa que cobró cheques por $ 412 millones con los negocios realizados por el ex gobierno con Venezuela.
Julio De Vido está con prisión preventiva por direccionar esos contratos para remodelar el yacimiento de Río Turbio por más de 260 millones de pesos. La Cámara Federal decidió recientemente que debe quedar preso. Entre los motivos que esgrimió el tribunal se destacan estos tres aspectos que surgen de un informe secreto de inteligencia de la Unidad e Información Financiera (UIF) incorporado al expediente que investiga el juez Luis Rodríguez.
En ese informe se analizan las cuentas de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y sus movimientos. La fundación recibió por el convenio con Planificación fondos por 751 millones de pesos.
Los ingresos provenían de la UTN, pero el análisis de los egresos es lo que aporta mayores revelaciones.
Así, una de las empresas que cobró cheques por $ 19.055.510 es JI SA. Esa firma, dedicada al transporte de materiales de construcción, fue constituida por Jorge y Roberto Ivovich. Este último es ex ministro de otras públicas de Santa Cruz y ex jefe de gabinete en la provincia. También fue director suplente del Banco de Santa Cruz y de YPF hasta 2014. La sociedad JI SA compró en 2012 una Nissan Murano Xtronic CVT (patente KUK-440) y otorgó una única autorización para que sea manejada por Facundo De Vido.
La UIF escribió que "dicha circunstancia permitiría inferir que al menos uno de los beneficiarios detrás de JI SA sería Julio de Vido".
La contabilidad de la fundación trajo aparejadas otras sorpresas: el 95% del dinero de la cuenta extraído por ventanilla mediante cheques se lo llevó Marcio Domínguez. Fueron $ 3.650.000. Domínguez es monotributista, registrado como proveedor de servicios empresariales y desde 2012 trabajó en el Ministerio de Salud de Santa Cruz, en la secretaría privada. Estaba autorizado a conducir dos vehículos (una Ford Transit y una pick up Chevrolet) del Ministerio de Salud de la Nación, cuyo titular era el Centro Articulador de Políticas Sanitarias, a cargo de Rocío García, la esposa de Máximo Kirchner.
Este año, Marcio Domínguez fue designado por Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, como subsecretario de Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno provincial.
En 2015, cuando recibió los cheques, Marcio Domínguez compró dos propiedades en Río Gallegos con su mujer. El otro funcionario provincial de Salud que recibió cheques de ventanilla fue Héctor Rolando Nervi.
Pero otra coincidencia de los negocios del kirchnerismo con las finanzas de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz advertida por los investigadores es que una de las empresas que cobró $ 41.735.228 en cheques es Cadexa SA.
Se trata de una empresa dedicada a la venta de materiales y equipos. La firma se dedicaba a triangular operaciones de comercio exterior, pagando por compras no ingresadas al país y vendidas a terceros por $ 50 millones. Su único cliente es CVA-CIA, de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo SA, de Venezuela.
Uno de los socios de Cadexa, Gerardo Iza, es representante de Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, que firmó con Venezuela un acuerdo de compraventa de maquinarias. En ese acuerdo se incorporó la empresa Madero Trading, para coordinar la logística de la operación.
La Justicia investiga si las comisiones cobradas por sus gestiones podrían haber constituido sobornos encubiertos. Esa causa está en manos del juez Julián Ercolini.
