La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y tendrá lugar esta semana, los días 3 y 4 de septiembre. La amenaza al Gobierno: “Si no se abre una instancia de diálogo, el conflicto se va a profundizar”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida, que involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.
El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal. Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.
El conflicto tiene como trasfondo una acumulación de incumplimientos que el sindicato atribuye al gobierno nacional. Según ATE, desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. A eso se suma, según el gremio, un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.
“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El dirigente también responsabilizó directamente a las autoridades por las consecuencias que pueda tener la medida sobre el tráfico aéreo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.
En la misma línea, Aguiar precisó que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.
El secretario general cerró su postura con una advertencia: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.
El paro no implica la suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas. El impacto estará acotado a las franjas de protesta y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias. Por ese motivo, desde ATE indicaron que la medida fue comunicada con anticipación para que los distintos actores del sistema pudieran organizarse.
El reclamo gremial se inscribe en un contexto más amplio. Según ATE, el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, los empleados de ANAC sostienen que su situación es especialmente crítica, dada la naturaleza de las tareas que realizan en un sector considerado estratégico.
El sindicato también puso en foco una obra en curso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: advirtió que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal, de carácter millonario, avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área, lo que, a su entender, compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros por la falta de herramientas y recursos adecuados para su ejecución.
Ante la falta de respuesta oficial, ATE formalizó tres demandas concretas: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos. El gremio sostuvo que, si el Gobierno no da respuesta a esos reclamos antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.
