A través de un decreto, prolongó por 60 días el período en el que podrá transformar en sociedades anónimas a las compañías del Estado. Esto puede favorecer la venta de activos financieros de cada una de las firmas.
El gobierno de Javier Milei volvió a prorrogar el plazo para que las empresas del Estado se transformen en Sociedades Anónimas. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente y todo su gabinete de ministros.
Cuando Milei llegó a la presidencia en diciembre pasado, declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".
En ese contexto, el Ejecutivo había resuelto dar un plazo inicial de seis meses para que las empresas del Estado Nacional en sociedades anónimas, con el objetivo de "achicar el peso del Estado" y que puedan tener accionistas privados.
A fin de junio último, el Ejecutivo había extendido ese plazo por otros seis meses más y ahora decidió volver a estirarlo por otros 60 días.
"La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias", estableció el Decreto 1120/2024.
Por ahora, solo fue inscripta una empresa en este registro, a cargo Inspección General de Justicia (IGJ), la sociedad Corporación Buenos Aires Sur.
"La sociedad Corporación Buenos Aires Sur S.E quedó convertida en Corporación Buenos Aires Sur Sociedad Anónima Unipersonal, una sociedad perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fue creada en el año 2000 como Sociedad del Estado para promover el desarrollo integral de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires”, estableció un comunicado oficial hace un mes.
La transformación de empresas estatales a sociedades anónimas aparece como un paso previo para la privatización. Por ahora, pese a la intención oficial de vender la participación accionaria de algunas empresas de la cartera estatal, no se ha concretado ninguna operación.
La primera que está en línea es la metalmecánica de Mendoza Impsa, que entró recientemente en la última etapa de la negociación. La semana pasada, el único oferente, la compañía estadounidense ARC Energy, debía mejorar la oferta realizada, valuada en unos US$ 27 millones.
