Tiene como objetivo captar 4.500 millones de dólares. La normativa establece también un “puente al empleo”. Qué dice.

El Gobierno Nacional promulgó la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción. La iniciativa, cuya prórroga fue aprobada semanas atrás por el Senado de la Nación, que venía impulsando el ministro de Economía, Sergio Massa, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Se trata de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda aprobada a comienzos de 2021 con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector, uno de los que fue más afectado por la pandemia de coronavirus. La medida que obtuvo 35 votos a favor y 26 en contra establece un impuesto especial sobre los bienes que se declaren, que deben ingresar a una cuenta especial.
En efecto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%. En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será de 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota de 20%.

El objetivo es promover el desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina, y estipula que la inversión debe destinarse a obras privadas nuevas, dentro de las que se consideran todas las que al momento de entrada en vigencia de la Ley tengan un avance inferior al 50% de la obra, en tanto que sobre la base del esquema previsto, el blanqueo para la construcción contempla una alícuota progresiva de acuerdo con los plazos en los que se ingrese.
Además, la ley promulgada este lunes incluye el “Puente al Empleo”, la iniciativa mediante la cual el Gobierno busca transformar 200 mil planes sociales en trabajo formal. Si bien resta la publicación del decreto que oficializará su implementación, Massa explicó que la medida “habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social acceder al mercado de trabajo, el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio. Aspiramos que el año que viene podamos incorporar a beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo”, manifestó el ministro de Economía.















