A partir de ahora se acortan los plazos de las medidas y se unifican trámites que hasta ahora debían hacerse en paralelo en dos dependencias.
El Gobierno Nacional modificó el sistema antidumping para evitar abusos del instrumento que redundan en mayores precios. Con esta decisión, se reducen los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasan de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales. En Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria.
A modo de ejemplo, las bicicletas cuentan con medidas antidumping desde hace más de 20 años, lo que encarece su precio. Lo mismo ocurre con productos como planchas eléctricas y calefactores que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000.
En el caso de las bombas de agua, los derechos antidumping, que son los porcentajes que deben pagar quienes importan bienes con medidas aplicadas, son del 246% sobre el valor total de la importación; las multiprocesadoras deben abonar un 203% y los ventiladores un 164%.
Para corregir esto, a través del Decreto 33/2025 se determinó que las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping, que antes podían extenderse hasta 12 meses, tendrán un plazo máximo de 8 meses.
Además, la duración de las medidas será de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más, y reemplaza el sistema anterior de renovaciones ilimitadas.
Los trámites también se simplifican: en lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas, ahora se gestionará todo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
En la misma línea, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía participarán en los análisis de casos para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores.
Con esta reforma, se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado.
