La Casa Rosada confirmó esa modalidad para sortear un eventual bloqueo del kirchnerismo a un proyecto de ley en el Senado; justificó la medida en la necesidad de avanzar con la “desinflación” y “liberar las restricciones cambiarias”
El Gobierno anunció este jueves por la tarde que “dictará y remitirá al Congreso nacional” un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscar posteriormente el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores. La administración del presidente Javier Milei dijo que aspira a conseguir un “compromiso urgente” del Parlamento.
La vía del decreto había sido anticipada por LA NACION esta misma jornada. “Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, informó la Oficina del Presidente. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el oficialismo buscará que el DNU sea ratificado por los recintos de ambas cámaras.
“El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, sostuvo el Gobierno en el comunicado oficial. El propio Milei había afirmado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo: “Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.
En la Casa Rosada entienden que la vía del decreto evitará un bloqueo de la oposición legislativa. De acuerdo a la reglamentación vigente se requiere el rechazo explícito de ambas cámaras del Congreso para que un DNU deje de tener vigencia. Ya en enero, cuando corrió el rumor de que el Gobierno evaluaba no enviar el acuerdo con el FMI al parlamento, distintas voces opositoras se alzaron para criticarlo.
La comisión encargada de analizar los DNU es bicameral y se denomina de Trámite Legislativo. Está presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagoto. Una vez publicado el decreto, el Gobierno tendrá diez días para remitirlo al Congreso y la comisión otros tantos para tratarlo. En caso de que no haya dictamen cumplido ese plazo, quedaría abierto el debate en los recintos de Diputados y el Senado.
“Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”, indicó la administración libertaria. “No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, agregó el comunicado oficial.
Antes del comunicado
Está prácticamente cerrado, coincidieron este jueves más temprano en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, cuando la consulta giraba alrededor del “inminente” y necesario acuerdo del gobierno con el FMI. Negociaciones que para el organismo continúan “de manera constructiva”, según expresó la directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack.
Más allá de las buenas intenciones que verbalizan desde ambas partes, el acuerdo deberá pasar –en virtud de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández por el exministro de Economía Martín Guzmán– sí o sí por el filtro del Congreso. Esa ley se sancionó con el objetivo de que no se repitiera un endeudamiento como el que gestionó ante el FMI el gobierno de Mauricio Macri sin aprobación del Parlamento.
Tras las críticas que recibió por el acuerdo con Macri, el FMI se manifestó en reiteradas oportunidades en favor de que las negociaciones con la Argentina tengan respaldo del Congreso. Este jueves, Kozack reiteró que “una fuerte apropiación y un amplio apoyo son clave para el éxito del programa”. Con todo, sí se preocupó en remarcar que la decisión de enviar el acuerdo al Congreso era de las autoridades, en línea con la ley argentina, y no un pedido específico del Fondo.
Como quedó evidenciado más tarde, las fuentes consultadas por LA NACION indicaron que el acuerdo con el FMI no se oficializaría a través de un proyecto de ley, que necesitaría superar ambas cámaras del Congreso. El Palacio de Hacienda y la Casa Rosada comenzaron a elaborar ayer por la mañana un borrador para aprobar el acuerdo a través de un DNU, una idea surgida originalmente de un despacho del Ministerio de Economía.
“No vamos a hacer ningún comentario, ni en on ni en off. Lo que está es lo que dijo el Presidente”, afirmaron a este diario desde el quinto piso del Palacio de Hacienda. ¿Qué dijo el Presidente? “Quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos”, dijo Milei, el sábado, ante un recinto semivacío, en la Cámara baja.
Fuentes con acceso al debate interno, que impulsaron con éxito la salida vía DNU, afirman que la manera de “sortear” el escollo que supone la “ley Guzmán” es que el acuerdo con el FMI no se trata de un “nuevo endeudamiento”, sino de una “refinanciación” de deuda existente, en este caso de los “pasivos del Banco Central” que tiene el Tesoro nacional. Algo así como “pagar deuda vieja con deuda nueva”, según explica otra fuente oficial, en relación a rumores que hablan de los cerca de U$S 20.000 millones que llegarían desde el organismo internacional de crédito. Fue el mismo argumento que utilizaron el año pasado con el DNU que habilitó al ministro Caputo a renegociar deuda sin pasar por el Congreso y, lo que es lo mismo, sin atarse a las condiciones de la “ley Guzmán”.
En su artículo 2, la ley aprobada a principios de 2021 afirma que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En base a este artículo, distintos economistas alejados de la postura oficial creen que la vía del DNU no podría aplicarse en este caso, y que hace falta una ley.
De todos modos, un DNU resolvería la imposibilidad del oficialismo de lograr la aprobación legislativa, sobre todo en el Senado y con la previsible oposición del bloque kirchnerista que encabeza José Mayans y responde a la expresidenta Cristina Kirchner. “En Diputados los votos están”, afirma otra voz oficial. La eventual discusión del DNU en la comisión bicameral encargada de tratarlo reemplazaría el debate en la comisión de Presupuesto, más allá de que su titular en Diputados, el libertario José Luis Espert, se mostró dispuesto a tratar el eventual proyecto ni bien ingrese a la Cámara baja. Pero ahora eso no sucederá: el Gobierno irá directamente con un DNU.
“No importa si estoy de acuerdo. Cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, cuántos son… once, ¿Podés poner 15, cuántos arqueros podés tener…? 1. Las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe”, contestó el Presidente el domingo, cuando el periodista Luis Majul lo consultó sobre el envío del proyecto de acuerdo con el Fondo al Congreso.
Sin distinguir expresamente entre proyecto de ley y DNU (que también, técnicamente, es una ley), el Presidente afirmó en esa entrevista con La Nación+: “Ahora vamos a estar enviando el programa al Congreso y después vendrá la aprobación del board y una vez que esté eso, llegan los fondos”. El formato elegido por el Gobierno, finalmente, fue el de un DNU.
