Es una estimación de la Casa Rosada si se tiene en cuenta que en 2023 se destinaron $13.000 millones a la impresión de estos papeles. Además, intenta quitarle a la oposición una herramienta clave para la militancia.
En la primera semana de agosto, el Gobierno buscará impulsar la reforma electoral en el Congreso de la Nación con un paquete de iniciativas que incluye la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que la Casa Rosada intentará convertir en ley en el segundo semestre del año.
Según cuentan desde el oficialismo, detrás de la intención de aprobar esta metodología de votación, que reduce en millones la cantidad de boletas en todo el país, hay un motivo económico, pero también político: por un lado, aseguran que con la BUP el Estado se ahorrará más de $8000 millones en financiamiento a los partidos, y por el otro, su puesta en funcionamiento representará un golpe a la “logística” de ciertos partidos políticos que usaban las boletas como elemento de militancia y que hasta le entregaban a los electores sobres cerrados con el papel de sus propios candidatos. Incluso la medida apunta a atacar los “negocios” de los partidos más chicos que después de cobrar el dinero del Ejecutivo no lo destinaban a la impresión de las boletas.
Es que a diferencia del actual sistema, en las que cada partido debe ocuparse de imprimir las boletas oficializadas por la Justicia, con la BUP, los papeles son distribuidos por el Estado y solo se pueden encontrar en la mesa de votación el día de la elección. Estas boletas tienen garantías de confección como un troquelado y número de mesa. Se entrega un número acorde a la cantidad de electores del distrito más un 5% de reposición.
En el oficialismo se muestran optimistas de acordar cambios con la oposición dialoguista en el proyecto aprobado en Diputados en 2022, para luego darle luz verde en el Senado y que vuelva a la Cámara Baja para una segunda revisión y sanción definitiva.
El proyecto había quedado trabado en enero pasado cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto original.
A esa propuesta sumaron su apoyo dos senadores de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut). Pero ahora el oficialismo estaría dispuesto a aceptar una de las propuestas del dictamen de Silva: eliminar la opción del casillero, que con una sola cruz permite votar la lista completa, lo que permitiría que el proyecto alcance la mayoría constitucional para su aprobación en el Senado.
El Gobierno se inclina por implementar a nivel nacional el modelo cordobés de Boleta Única que permite elegir un partido político con una sola marca en las distintas categorías (Presidente, diputados, senador, etc.). La ubicación en la boleta de cada candidato y partido se sortea.
“Hoy tenés dos alternativas para construir la mayoría, con Silva o con los senadores de Misiones, prevalecerá con quienes se termine haciendo un acuerdo. Hay una inclinación por la boleta cordobesa y sobre eso se manejan opciones”, dijo un senador al tanto de las conversaciones.
