Se incrementaron las partidas para Capital Humano y servicios de deuda pública.
El Gobierno amplió el presupuesto para mantener el Estado en funcionamiento, ya que el presupuesto prorrogado de 2023 había mantenido sin cambios los créditos de cada una de las reparticiones y la administración pública se encaminaba a quedarse sin fondos antes de mitad de año.
Así fue publicado este miércoles en un decreto en el que justificaban: “Resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado nacional”.
Por eso, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) consideró: “Este DNU debe ser interpretado más como un instrumento de carácter operativo destinado a permitir el funcionamiento de la Administración Pública Nacional en los próximos meses, que como un instrumento asignativo y de planificación, donde se revelan las múltiples políticas públicas que el Gobierno quiere llevar adelante”.
“Dado que los niveles de gastos previstos en la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 eran prácticamente idénticos a los de ese Presupuesto, las autorizaciones vigentes de gastos para 2024 implican un incremento interanual significativamente por debajo de la inflación prevista, lo que da cuenta que el nivel de gasto presupuestado no alcanzará para cubrir las necesidades de todo el año”.
El mismo reporte muestra que las partidas que más crecieron en comparación con el presupuesto previo fueron aquellas destinadas al Ministerio de Capital Humano, los servicios de la Deuda Pública y las obligaciones a cargo del Tesoro. Entre las tres, explicaron el 88% de la modificación presupuestaria.
Además, se vio modificado el presupuesto de la Secretaría de Educación en $41.799 millones. Este monto surge de un incremento de $276.262 millones en programas ejecutados a través de Transferencias al Sector Privado y que se compensa totalmente con una reducción de $276.262 millones en transferencias a provincias con destino al “Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
La ampliación presupuestaria para las universidades públicas incluyó un aumento de $40.000 millones para el programa “Desarrollo de la Educación Superior” vía Transferencias a Universidades, y de una suba de $1799 millones en “gasto en Personal”.
En lo que respecta a los servicios de deuda asignada, en 2023 era una de las que más se había utilizado -al permanecer sin cambios- en 2024: a marzo, ya había consumido el 60% de los créditos disponibles.
Frente a esto, el decreto los aumentó en más de $2,6 billones (un 60%) con el objetivo de afrontar el pago de servicios de la deuda en moneda extranjera por $1,6 billones, intereses por préstamos recibidos por $794.000 millones y servicios de la deuda en pesos por $299.800 millones.
También debieron aumentar el presupuesto vigente en más de $2,5 billones (81%) para el programa “Otras Asistencias Financieras”. De ese total, un billón se destinará a gastos en personal; otros $866.000 millones irán a transferencias a otras entidades del sector público nacional; y $700.000 millones para transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes.
Para la Agencia Nacional de Discapacidad se reforzaron las partidas en $382.777 millones, de los cuales $355.251 millones irán a la Agencia Nacional de Discapacidad.
De ese monto, se destinarán $295.967 millones al programa “Pensiones no contributivas por invalidez” y $59.284 millones a atención médica a los beneficiarios de esas pensiones.
Por otra parte, se incrementó el presupuesto para afrontar gastos en personal y de funcionamiento del Conicet en $16.173 millones; del ENACOM, en $6.551 millones; y la Agencia de Bienes del Estado, en $215 millones, entre otros.
Las partidas se incrementan un 71% con respecto a 2023, al sumar $377.197 millones. El Consejo de la Magistratura aumenta su presupuesto en $315.553 millones para afrontar principalmente gastos en personal, por $282.635 millones.
“Asimismo, se incrementan las partidas para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en $61.643 millones, principalmente para gastos en personal”, destacó ASAP.
