Pese a ello la decisión de la Cámara podría tardar ya que los integrantes del tribunal no se ponen de acuerdo. Mañana la Corte Suprema debatirá si acepta el per saltum presentado por los jueces que investigaron a CFK.
El Fiscal General ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó este lunes en contra del pedido de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para evitar que la Justicia convalide la revisión de sus traslados que llevó adelante el Consejo de la Magistratura y derivó en la decisión del Senado de reponerlo de sus cargos originales.
Sin embargo, ahora los jueces Guillermo Treacy y Jorge Alemany, de la Sala V de la Cámara, quedaron en condiciones de resolver si hacen lugar al pedido de Bruglia y Bertuzzi, en el marco de una reunión que tendrá la Corte Suprema de Justicia para comenzar a analizar el per saltum que presentaron los magistrados desplazados.
Sin embargo, ni Treacy ni Alemany se ponen de acuerdo. Uno se inclinaría por hacer lugar al planteo, y otro por rechazarlo. Y ahora hay que llamar a un tercer juez para desempatar ya que el habitual tercer juez de la Cámara se excuso en que él también fue trasladado.
Bruglia y Bertuzzi ocupaban hasta ahora la Sala I de la Cámara Federal, desde donde confirmaron una serie de procesamientos y prisiones preventivas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En julio pasado, por pedido del representante del Ejecutivo, en Consejo de la Magistratura decidió revisar la decisiones del macrismo cuando pasó a esos jueces desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal, en Comodoro Py.
Bruglia y Bertuzzi fueron de inmediato a la justicia. Sostuvieron que se trataba de una “flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces”. El Senado avanzó en la revisión de esos traslados. Bruglia y Bertuzzi –y también Germán Castelli, del Tribunal que lleva adelante la causa cuadernos- no fueron a la audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.
Bruglia y Bertuzzi apuestan ahora sus fichas a la Justicia. Allí sostuvieron que “ni el Consejo de la Magistratura ni el Poder Ejecutivo ni el Senado tiene facultades legales para revisar actos administrativos consentidos y firmes que se encuentran en ejecución y han generado derechos subjetivos” y aseguraron que “el único órgano habilitado para revisar la validez constitucional y legitimidad de esos actos es el Poder Judicial”.
