Crisis institucional, escalada y ruptura
Ocho meses nos separan de la primera fecha electoral nacional de este año, que tendrá lugar en agosto, y diez de la gran final que se jugará en octubre. Una eternidad en la que pueden pasar muchas cosas, teniendo en cuenta lo mucho que ha ocurrido en tan solo cinco días.
En estos primeros días del 2023 pasó de todo. Si hasta pareciera que pasaron semanas o meses. La agenda pública nacional está inusitadamente activa y en ebullición; como nunca antes para estas fechas en las que normalmente se descansa y se desconecta de los problemas. Muy marcada por la fuerte tensión entre oficialismo y oposición -como es de esperarse en un año electoral- pero además por una crisis institucional en las relaciones de los poderes del Estado.
El tema central, justamente, es el de la embestida del Poder Ejecutivo contra del Poder Judicial. Un hecho gravísimo en sí mismo que merece un análisis desde distintas perspectivas. Un hecho que, como veremos, no comenzó hace una semana con el anuncio del presidente de la nación de desacatar la resolución de la Corte Suprema sobre una cautelar interpuesta por la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal de impuestos.
A nadie escapa que Alberto Fernández, aun antes del "renunciamiento" de Cristina Kirchner a participar del proceso electoral que se avecina, tenía intenciones de jugarse por la reelección, solo que, debido a pésima y olvidable gestión al frente gobierno, carecía de argumento. Esta crisis institucional le ha dado el motivo perfecto para ganar la centralidad que no tuvo en estos tres años.
Lanzado, ahora sí, de lleno a buscar la reelección, Alberto Fernández comenzó a tener más apariciones públicas en el interior del país, procurando el apoyo de cada cacique peronista y de cada capitanejo de las tribus que componen el oficialismo, donde no pierde la oportunidad de presentarse en cada acto para autoproclamarse el último federalista que brega por un reparto equitativo de la recaudación tributaria nacional mientras se queja de la "opulencia de la Ciudad de Buenos Aires". Esto, a pesar de que la primera beneficiaria de la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional es la provincia de Buenos Aires -que gobierna Axel Kicillof-, territorio que de ninguna manera, el peronismo, quiere volver a perder.
Con el juicio político a la Corte como caballito de batalla, entonces, Alberto Fernández comenzó el camino a la búsqueda del milagro de la reelección, con una jugada osada y oportunista.
En Balcarce 50 saben que la iniciativa está destinada al fracaso ya que el oficialismo no cuenta en la Cámara Baja con los votos suficientes para aprobar un proyecto en tal sentido. Por ello es que comenzó también una serie de visitas a las provincias "disidentes" –las que no pertenecen ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio- donde busca tentar a los gobernadores para que le presten los votos para, al menos, lograr el quorum permita abrir del debate.
También se supo de gestiones privadas ante algunos diputados opositores que están de malas con sus gobernadores o con la conducción nacional del principal frente opositor. Es que está muy jugado y, tratar de aprobar el proceso en el recinto con los miembros presentes, no está fuera de consideración.
Aunque la movida en el recinto parece estar destinada al fracaso -la oposición deberá estar más alerta que nunca... nada de escapadas o convenientes enfermedades veraniegas-, todo parece indicar que la verdadera apuesta del presidente está en la Comisión de Juicio Político, donde tiene los números, no solo para iniciar el proceso sino también para emitir el dictamen favorable que luego será remitido a la Cámara Baja. Aquí es donde están puestas todas las fichas y es lo que tratará de visibilizar con mucha intensidad en los próximos días, al menos durante los 60 días reglamentarios de la etapa investigativa.
Seguramente se le dará amplia cobertura en vivo durante todo el período -a pesar del pedido del presidente de que sea un trámite exprés-, ya que se ha deslizado la posibilidad de excederse hasta los límites -y hasta más allá- citando a comparecer a los ministros de la Corte, realizar allanamientos, solicitar la entrega de teléfonos celulares y toda una serie de acciones judiciales, que supuestamente permite el reglamento.
Este es el clima político que se pronostica para los próximos días. Una comisión legislativa especial que se prepara para arrogarse jurisdicción sobre otro poder del Estado, la celebración de una especie de juicio, asumiendo facultades que son propias del Poder Judicial, que será televisado para todo el país.
Victimizarse por la no cooperación que anunció la oposición, que ya adelantó que ni dará quorum ni dialogará con el Gobierno mientras dure la arremetida presidencial contra la Corte, también está en carpeta.
De hecho, todo parece indicar que, dada la negativa a prestarse a participar de este espectáculo de revista veraniega montado por el oficialismo, el Congreso estará paralizado y tampoco se tratarán en sesiones extraordinarias el paquete de medidas que había solicitado con urgencia el Ministerio de Economía.
Esto último abre las puertas de otro escenario que seguramente veremos en los próximos días. Dada esta ruptura de relaciones en el Congreso, seguramente veremos al Ejecutivo avanzando sobre facultades legislativas. De hecho, Alberto Fernández anunció que piensa reformar, por DNU, el Consejo de la Magistratura.
Conforme se va complicando esta crisis institucional y enfrentamiento de poderes, es una lógica consecuencia que se intensifique el impacto que va a tener sobre la confianza pública y la economía.
Más allá de la poca o nula confianza que han generado sucesivamente los gobiernos argentinos, desde 1983 para acá, cualquier vestigio de confiabilidad se terminó de perder en el momento en que el Poder Ejecutivo desconoció fallos de la Corte.
El anuncio del presidente de fines de diciembre, de no avenirse a lo resuelto por el máximo tribunal por la coparticipación, rebeldía acompañada y refrendada por once gobernadores, fue el segundo desacato. El primero, no hay que olvidarlo, ocurrió en noviembre cuando la vicepresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, desacató el fallo sobre la integración del Consejo de la Magistratura.
Por lo demás, los problemas de la Argentina siguen siendo los mismos que los del año pasado. Esta es, quizás, otra intención oculta detrás de la fachada del juicio político a la Corte: tapar el hecho de que la inflación sigue en niveles que ubican a nuestro país en el Top 10 de la Inflación Mundial. La emisión monetaria sigue descontrolada y todo indica que se va a incrementar, en los próximos días y meses, como medida electoralista para un nuevo Plan Platita; otro granito de arena en el pesado costal que heredará el próximo gobierno.
Los años electorales siempre son movidos. Lo que hemos vivido en esta primera semana de 2023 no fue otra cosa que una gran sobreactuación del presidente Alberto Fernández embistiendo contra la justicia para promover una agenda personal y política. Se está montando un show con duras acusaciones del oficialismo contra la oposición, con pinchaduras de teléfono, espionaje ilegal y la obtención ilegal de pruebas. Un ambiente enrarecido por la participación, una vez más, de los servicios de inteligencia que son utilizados para vigilancia interna. Algo de lo que se acusó, insistentemente y casi hasta el hartazgo, a la gestión de Mauricio Macri.
Se esperaba un verano intenso en lo económico, y quizás ese es otro motivo para el espectáculo circense que domina hoy la agenda pública. Se avecinan abultados vencimientos para cumplir con el Acuerdo con el FMI. El Dólar Soja 2 no ha sido tan exitoso como el primero –que tampoco fue exitoso-. Nadie cree en los números oficiales de la inflación que dicen que estaría bajando –como para presentar algún tipo de logro dibujado-. En el mercado cambiario libre el peso argentino sigue devaluándose a diario frente a un dólar blue que, cada vez que baja parece que lo hace para tomar impulso para otra disparada que bate récords.
Estamos a 10 meses de las elecciones generales, a 8 de las primarias. Es mucho tiempo para que un presidente debilitado, que no tiene consenso ni dentro de su propio frente, acomode el terreno para tratar de lograr el milagro de la reelección a través de la centralidad política que no tuvo en tres años de gobierno. Está dispuesto a cualquier cosa.
En este sentido habrá que prestar mucha atención, también, a cómo evoluciona la relación con Brasil, tras la vuelta de Lula Da Silva quien deslizó, tras su primer encuentro con Alberto Fernández, que ayudará en su intento de reelección... y ya sabemos lo que ello significa: valijeros yendo y viniendo.
Esto es lo que vieron -y están viendo- los que toman las grandes decisiones económicas y deciden sobre los riesgos de invertir en Argentina. Una escalada en los conflictos políticos y en la crisis institucional como nunca antes se vio.
La oposición deberá estar más unida y alerta que nunca. No es momento de mezquindades ni de dejar que el triunfalismo anticipado nuble el panorama.
