Democracias en peligro
Se van diciembre y el 2023 y no por ello la sucesión de hechos de relevancia ha amainado con la vertiginosidad acostumbrada. En este último repaso de los acontecimientos argentinos del año, nos referiremos a un fenómeno mundial que parece poner en jaque la vigencia de las democracias o de los estados de derecho.
Ha llegado a ocurrir en Estados Unidos. Acaba de ocurrir en Perú. Y está sucediendo en Brasil. En Argentina, en sintonía con el resto del cono sur, es un proceso que venimos padeciendo desde principios de siglo. Gobiernos que, sobre la marcha, moldean el ordenamiento jurídico vigente a su antojo y conveniencia. Gobiernos que desconocen la división de poderes y los resultados electorales. Lo que ha ocurrido en la última semana en nuestro país es un claro ejemplo.
La apresurada e insensata reacción del Gobierno Nacional frente a una resolución de la Corte Suprema de justicia, que hizo lugar a una cautelar interpuesta por el gobierno de la CABA por la coparticipación, se inscribe dentro de esta serie de acontecimientos.
En primer lugar hay que aclarar que si bien la cuestión de fondo aún no está resuelta, con la convalidación de la verosimilitud del derecho invocado por la ciudad, al hacer lugar a la cautelar interpuesta, se está, de alguna manera, adelantando lo que será el fallo final.
Cabe recordar brevemente los antecedentes de esta disputa por los fondos coparticipables. Todo surgió en el contexto de la pandemia, cuando las relaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional parecían normales, al punto que el propio Horacio Rodríguez Larreta solía acompañar al presidente de la Nación en los comunicados oficiales compartiendo conferencias de prensa.
En medio de la pandemia, se produjo una especie de rebelión policial en la Provincia de Buenos Aires y, a raíz de ello o aprovechando el caso como una excusa, el presidente Alberto Fernández tomó la determinación de quitarle fondos a la Ciudad para destinarlos específicamente a la Provincia de Buenos Aires. El presidente tuvo hasta la "gentileza" de comunicar esta decisión al jefe de gobierno porteño primero por WhatsApp antes de oficializarla horas después.
Fue entonces cuando se rompieron las buenas relaciones o convivencia entre la CABA y el Gobierno Nacional. Desde la Casa Rosada se esgrimieron una serie de argumentos bastante delirantes, que solía pronunciar la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre la "opulencia" de la Ciudad frente a las necesidades de las provincias que comenzaban apenas se cruzaba la avenida General Paz.
Ante esta imprevista, sorpresiva, arbitraria e injusta determinación presidencial, el gobierno de la CABA acudió a la Corte Suprema, al tratarse de un caso federal, para tratar de revertirla. El máximo tribunal, por unanimidad, hizo lugar a la cautelar y ordenó que a la Ciudad de Buenos Aires le sea reasignada la parte de los fondos coparticipables que le corresponden.
Insólita e inauditamente, el Gobierno Nacional informó, formalmente, que no se dará cumplimiento a la resolución del máximo tribunal, desconociendo a otro poder del Estado. Un desacato en toda regla que seguramente fue ordenado por la señora Cristina Kirchner, aunque promovido públicamente por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, uno de los pocos kirchneristas que tiene buenas relaciones con Alberto Fernández.
El ministro del Interior, Wado de Pedro, uno de los presidenciables del peronismo -quizás el más presentable dentro de su espacio político-, sostuvo que lo ocurrido era "como un golpe militar, una vulneración de la democracia", pero no en referencia al frontal desafío del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino a la resolución judicial de "cuatro personas que pueden más que el resultado de una elección". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que "el fallo es una verdadera inmundicia".
Hay que prestarle mucha atención a estas definiciones que, más allá de explicitar aborrecimiento por la existencia de un poder del Estado encargado de ejercer el control de la constitucionalidad, parecen resumir la ideología kirchnerista. No se trata de una confusión ni de alguna declaración políticamente conveniente.
En el kirchnerismo no solo es una costumbre sino parte integral del credo político el manipular los términos democracia y república para sostener un ideario demagógico con el que se permiten objetar a los jueces de la Corte Suprema "por ser pocos" y “por no haber sido elegidos por el voto popular” a contrario que los titulares del Poder Ejecutivo o los miembros del Poder Legislativo.
Ciertamente, se trata de una postura demagógica porque la forma de integración del Poder Judicial, en todos sus niveles, está determinada por la Constitución Nacional; ese mismo documento por el que todo funcionario, electivo o designado, jura "cumplir y hacer cumplir, fielmente" cuando entra en funciones.
Para el caso de los jueces de la Corte Suprema hay todo un proceso definido que va desde la proposición por el Poder Ejecutivo, pasa por debate y culmina con la aprobación del pliego en el Poder Legislativo. De manera que estos jueces, puede decirse sin temor a equivocarse, fueron designados por la política, que por cierto también designa a una cantidad de funcionarios en diversas áreas que tampoco surgen del voto popular sino del dedo.
En definitiva, el camino constitucional dice que los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo surgen del voto popular, mientras que los miembros del Poder Judicial surgen de estos dos poderes. Así son las reglas, no es que sean nobles o monarcas que tienen prerrogativas de sangre o derecho divino. Cabe recordar aquí el reciente intento de la coalición gobernante de forzar un proyecto para ampliar la cantidad miembros del máximo tribunal para sobreponerse con una mayoría automática y abrumadora de representantes de las provincias a esos cuatro jueces que hoy lo integran.
No estamos diciendo que sea ilegítimo querer cambiar las reglas, pero el cambio de reglas también tiene un debido proceso definido que debe cumplirse. Las ideologías políticas, más allá de sus dogmas que muchas veces pueden resultar delirantes y hasta antidemocráticos, deben ser explicitadas de antemano, como un proyecto. Pero antes de que se puedan poner en práctica, se debe cumplir con el camino legal y constitucional. Lo que es ilegítimo, y a todas luces ilegal, es patear el tablero sobre la marcha y desobedecer las reglas vigentes.
La señora Cristina Fernández de Kirchner ha planteado muchas veces que la noción de república le parece "anacrónica". Ella dejó expresa e inequívoca su adhesión a una concepción más autocrática, digamos chavista, de cómo deberían funcionar las cosas. Y está en todo su derecho de hacerlo y de expresarlo. Pero para que estos delirios se conviertan en una realidad, hay un camino a seguir. El peronismo siempre apeló a una de las máximas de su fundador: "todo dentro de la ley, nada fuera de la ley".
De manera que, mientras haya una ley vigente hay que cumplirla si es que queremos preciarnos de vivir en un Estado de Derecho. Toda desobediencia y/o desacato es un acto peligrosamente rayano a la sedición o a la rebelión.
La ideología kirchnerista parece plantear que la Justicia, por estar compuesta por poca gente no electa por los votantes, no puede nunca contraponerse a la supuesta voluntad popular, ni en una condena judicial por corrupción ni en una discusión por la coparticipación federal de impuestos. Es un denominador común entre sus principales referentes que los fallos judiciales adversos no son aceptables bajo el argumento de que los jueces "se pusieron solos".
Con este extravío como argumento, el kirchnerismo arrastró al presidente de la Nación al borde de un abismo inédito y peligroso. Era previsible la actitud que iba a tomar Alberto Fernández que, en estos casos, suele esperar las indicaciones de la señora de Kirchner. Era previsible porque el modus operandi de la coalición gobernante liderada por el kirchnerismo sigue siempre el mismo patrón que ha seguido desde el propio Néstor Kirchner.
Ha sido una constante en el peronismo kirchnerista reaccionar frente distintos escenarios o situaciones de una manera confrontativa que termina por agravar más aun las cosas. Parecen creer que la solución a un incendio es apagarlo con nafta. Alguna vez dijo Max Weber: "ninguna utopía se siente refutada ante su propio fracaso". En el caso del kirchnerismo, este reacciona empecinándose o fundamentalizándose.
El proyecto político del kirchnerismo podría reducirse a la confrontación frente a situaciones o personajes que son considerados como obstáculos. Estos obstáculos son utilizados como una prueba y justificación de su razón de ser, sea porque están en contra de la señora de Kirchner, o del gobierno de Alberto, o del proyecto nacional y popular, y por ende en contra de la democracia. Cuando aparecen estos obstáculos, la utopía se agrava y, en vez de reformular, se radicaliza.
Así fue, por ejemplo, cuando se implementó por primera vez el cepo cambiario. Frente al fracaso del cepo el kirchnerismo reaccionó con un agravamiento del cepo, bajo el argumento de que había unos factores que conspiraban contra la economía argentina y la voluntad popular. Y por ende, sobrevino más fracaso... como en el que estamos inmersos actualmente.
Ese es el modus operandi del kirchnerismo, y es el mismo modo con el que comportan las autocracias a nivel mundial. Así irrumpió la guerra de Rusia contra Ucrania, y ante el fracaso de la invasión, Vladimir Putin ha optado por agravar las cosas. De la misma manera, Irán insiste con desarrollar armas nucleares. Corea del Norte hace pruebas de misiles de largo alcance contra Japón. Y China parece encaminarse a terminar de engullir a Taiwan de una vez por todas.
Si bien históricamente el kirchnerismo ha reaccionado frente a la oposición o la adversidad "redoblando la apuesta", nunca se había llegado al extremo del desacato. Cristina Kirchner, despotricó en Cadena Nacional o en masivos actos por sus fracasos o reveses judiciales, pero siempre cumplió con los fallos de la Corte. Pero ahora la situación ha cambiado y todo indica que parece empujar al presidente a hacer algo que ella misma no se animó a hacer.
En este contexto, este martes está previsto una reaparición de la señora de Kirchner, que a pesar de su renunciamiento, se las sigue apañando para mantener una inexplicable centralidad en la vida política argentina.
Una vez más el país se paralizará para esperar a ver qué dice la política con la postura más antirepublicana y autocrática de todo el arco político. Y como si fuera a propósito, lo hará en un acto para conmemorar a la figura de Diego Maradona en la inauguración de un polideportivo en Avellaneda, cuando por estos días la figura nacional es Lionel Messi.
A la Ciudad le queda pedir la ejecución de fondos, que es un embargo de fondos y la ejecución efectiva de la resolución. Eso si no se toma el camino va siendo hora de empezar a transitar. El camino que se siguió en Perú cuando el presidente Pedro Castillo optó por el camino autocrático y quiso disolver al Congreso de la Nación. Los resortes constitucionales se pusieron en marcha y todo terminó con el presidente destituido y detenido por sedición. Es lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho frente a un Golpe de Estado.
