Empezamos a promediar el penúltimo mes del año y estamos a la espera de las buenas nuevas -más bien malas nuevas- sobre los datos de la inflación e índices de pobreza y costo de vida de octubre que publica mensualmente el INDEC que -como no podría ser de otra manera en este país- seguramente serán peores que los de septiembre.
INTERNISMOS
La agenda pública argentina sigue atada al ensimismamiento de una clase política que parece vivir en una burbuja, muy alejada y aislada de los problemas reales de los argentinos. Y es que, estando a una larga distancia temporal de las elecciones 2023, todo parece girar en torno a esa lejana fecha. Continúa fuerte el internismo tanto en el oficialismo como también en los frentes opositores; si hasta entre libertarios comenzaron a ponerse ásperos puertas adentro.
Una encuesta privada encendió las alarmas en el PRO. Por primera vez en meses la intención de voto para Juntos por el Cambio ha disminuido en un 3% y el fenómeno se atribuye al hastío entre el electorado que producen los constantes enfrentamientos internos que solo parecen recrudecer. Muy sensatamente la dirigencia llamó a un cónclave de presidenciables, donde parece haberse llegado al acuerdo de tratar de lavar los trapitos sucios puertas adentro.
En igual sentido, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio –espacio que comparten el PRO con UCR y Coalición Cívica donde los firmes liderazgos de Gerardo Morales y Elisa Carrió han logrado la concordia - ratificó la cohesión y la coherencia mediante un contundente documento en el que expresaron preocupación sobre el eventual desacato a un fallo judicial que emitió esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto al Consejo de la Magistratura -que trataremos también sobre el final de esta columna-.
En el oficialismo siguen sacándose chispas entre los principales socios del Frente de Todos. Si bien Alberto Fernández sigue siendo el Presidente de la Nación en los papeles, un informe, elaborado por el diputado radical Rodrigo De Loredo, evidenció que el 70% de las partidas presupuestarias del año que viene se mantendrán en manos de Cristina Kirchner y La Cámpora, mientras que el massimo ya controla un 20% y al presidente le dejaron una cada vez más escueta porción que hoy apenas un 10% de la torta.
Entre los datos más significativos del documento cabe resaltar que Cristina Kirchner y sus funcionarios manejarán un presupuesto de más de $24 mil millones en los bastiones más deficitarios y superpoblados de empleados públicos. Buenos Aires recibirá un aumento de casi el 8% en términos reales, ya que la estrategia electoral indica que apostarán todas las fichas a tratar de mantener el control de la mayor de las provincias. Queda claro que las cajas del kirchnerismo no serán alcanzadas por el ajuste que se está llevando a cabo, sobre todo, sobre los beneficiarios del gasto social y en las reducciones de subsidios a los servicios públicos que pagaremos todos los mortales.
Se empezó a sentir presión social debido a la controversia suscitada por la disparada apreciación de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ante la ministra de Igualdad española, Irene Montero, por la que calificó -más bien, descalificó, a su modo- como "la derecha" a las personas que depositaron piedras en conmemoración de los fallecidos durante la pandemia del COVID. Habrá que ver cuánto tiempo resiste la señora, ya que hay casi unánimes pedidos de renuncia, lo que significaría otra amputación para el minimizado presidente Alberto Fernández. En una sociedad tan dividida como la nuestra, las voces opositoras se hicieron oír con estridencia mientras que del lado oficialista de la grieta, no faltaron los que menearon la cabeza en silencio en señal de desaprobación y vergüenza.
En otras reyertas menores de la interna oficialista, el kirchnerismo va a insistir con la loca idea de Cristina Kirchner de unificar todo el sistema de salud para convertirlo en un gigantesco PAMI. El presidente sigue resistiendo otorgar la suma fija que piden desde La Cámpora, y tampoco da el brazo a torcer con las PASO, aunque esto último está por convertirse en un caso perdido para quienes abogaban por su eliminación.
LA ECONOMÍA
Mientras el presidente irá a reunirse con Xi Jinping para pedirle plata y para que le libere los swaps, la Economía marcha demarcada por una cantidad de desafíos que parecen imposibles, sobre todo aquel que busca llegar a fin de año cumpliendo las metas fijadas en el acuerdo con el FMI, algo muy lejano mientras se sigan homologando paritarias por encima del 100%, a la vez que los ajustes proyectados no solo no tocan a los principales puntos de hemorragia sino que hasta se proyectan suculentos aumentos en términos reales. El otro desafío es llegar a las elecciones esquivando una brutal devaluación que amenaza con hacer explotar todo por los aires en cualquier momento.
El Banco Central sigue perdiendo reservas, no solo con las costosas intervenciones a un ritmo de casi U$100 millones de dólares diarios, sino con las delirantes tasas de interés. Todo un esquema pensado para contener al dólar. En cuanto a la deuda pública, el gobierno renovó vencimientos por $900 mil millones de pesos, bonos que en su mayoría, que están en poder del sector público. Así, cualquiera.
Otra vez sopa con el congelamiento de precios como medida contrainflacionaria, a pesar del reiterado fracaso de Precios Cuidados que ahora pasa a llamarse Precios Justos. Fue casi unánime la desaprobación de los economistas y de los industriales y empresarios, ya que tienen muchas dudas y reparos sobre la carencia de medidas que permitan acceder a más dólares para los insumos, en primer lugar, y para disponer libremente de sus ganancias, como ocurriría en cualquier país medianamente normal. Una nueva instancia del control de precios cuyos fracasos se vienen documentando, desde la antigüedad, a lo largo de la historia posterior a la invención de la escritura.
Paupérrimo aumento otorgado a los jubilados -15% más bono de $10 mil- para los que cobran la mínima-. El anuncio fue celebrado con una bataola de aplausos. Eran funcionarios que se aplaudían a sí mismos, aunque no se sabe bien por qué. Con la tan denostada fórmula de actualización de la administración Macri estarían cobrando mucho más.
LA SAGA JUDICIAL
Continúa también la saga judicial. Mientras vuelven a avanzar las causas que la defensa de Cristina Kirchner logró frenar con aquellos inauditos sobreseimientos sin juicio, la vicepresidente lanzó una bomba de humo con un desopilante video que incrimina al senador Gerardo Milman con los supuestos autores del fallido atentado, con la esperanza de vincular a Mauricio Macri, a través de una elaborada, y hasta ahora imaginaria, conspiración de la que participaría el “Clan Caputo”.
Todo pensado para prolongar los juicios y poder seguir quejándose de la Justicia que no investiga a los “verdaderos criminales”. En diciembre se daría a conocer el fallo en la Causa Vialidad. Si solo el dictamen del fiscal provocó un bochornoso terremoto político, es inimaginable lo que sucederá si el tribunal emite un fallo condenatorio.
Pero el capítulo más suculento de la saga judicial, fue sin dudas el desacato a un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación que venía a poner fin al escándalo por la integración del Consejo de la Magistratura. En una actitud bastante autocrática por parte de la política, más bien de un sector de ella, estamos al borde de un golpe institucional sin precedentes.
Hasta ahora, Cristina Kirchner no ha procedido a dar cumplimiento al mandato judicial, y todo parece encaminarse a un histórico desacato, de un Poder de la Nación contra otro. Para aderezar el culebrón, la señora Hebe de Bonafini, con su típico y acostumbrado discurso de amor, propuso echar a los jueces supremos “con una pueblada”, y los calificó, de paso, como "jueces de mierda".
