Finalmente, tras las idas y venidas en el Colegio de Abogados en torno a la vigencia de la Acordada de 1994 del Superior Tribunal de Justicia sobre la selección de jueces provinciales, ayer en una Asamblea Extraordinaria, convocada gracias a la presión ejercida por un grupo de abogados, la instittución resolvió solicitar al STJ, por las vías administrativas, que ponga en ejercicio la Acordada.
En una asamblea extraordinaria de la que participaron más de un centenar de matriculados, primaban dos posturas. La línea dura bregaba por exigirle al STJ que en un plazo determinado de tiempo ponga en ejercicio la Acordada 1994 a fin de brindar transparencia al proceso de selección de jueces. Para el caso de que el STJ no proceda de esta forma, se iría por la vía judicial. La otra postura, algo más prudente, aconsejaba ir por las vías administrativas, instando al STJ a resolver la cuestión en un plazo de 10 días pero sin que medien acciones judiciales en caso de que el alto tribunal no cumpla.
Sometida la cuestión a votación, la misma terminó favoreciendo a esta última postura con 68 votos contra 40, la cual fue apoyada por el propio presidente del Colegio de Abogados.
La Acordada del Superior Tribunal de Justicia de 1994 apunta a establecer un sistema de selección de jueces más transparente que el actual en el que el consenso político de los partidos mayoritarios y la "bendición" del gobernador son requisitos para acceder al Poder Judicial.
En los ultimos tiempos, la oposición ha utilizado éste argumento como caballito de batalla electoral, sin embargo, durante años ha convalidado el sistema de designación medieval puesto que algunos de sus partidarios se beneficiaron también de éste sistema.
