El 70% de las personas que se jubilaron en 2022 tuvieron que recurrir a moratorias

La alta informalidad hace que cada vez sean más los que están en edad de retirarse, pero que no cuentan con los 30 años de aportes mínimos.

Mientras el proyecto de moratoria previsional aprobado por el Senado sigue sin tratarse en la Cámara de Diputados, un informe de la Seguridad Social asegura que durante 2022 se jubilaron o pensionaron 442.114 personas. 

Pero el 70% de las altas previsionales correspondió a personas que tenían la edad jubilatoria, pero no reunían los 30 años de aportes mínimos. Del total, 239.417 lo hicieron recurriendo a la moratoria, 74.081 a la Pensión Adulto Mayor (PUAM) y apenas 128.616 “sin moratoria” porque contaron con 30 o más años de aportes.

Por la pandemia y las restricciones de la cuarentena, en 2020 muy poca gente se jubiló (119.489 personas). En 2021, el número creció y en 2022 los que se jubilaron o pensionaron superaron las marcas de 2017, 2018 y 2019.

A diciembre 2022, los que se jubilaron por moratoria cobraron un haber promedio de $ 53.208, menos de la mitad de los que accedieron al beneficio sin moratoria. Los de la PUAM, en promedio, percibieron $ 40.928.

Durante 2022 se jubilaron o pensionaron 442.114 personas. 

Las perspectivas para los próximos años son tanto o aún más graves porque de los registros de la Seguridad Social se desprende que la inmensa mayoría de los que en los próximos dos años estarán en condiciones de jubilarse, no podrá hacerlo sin moratoria.

Según Informes de la Oficina de Presupuesto (OPC) y la Anses, sin la vigencia de una moratoria, entre 720.000 y 800.000 varones y mujeres no podrían jubilarse en 2023 y 2024, porque aunque cumplan con el requisito de la edad (60 años las mujeres y 65 años los varones) no reunirían los 30 años necesarios de aportes.

Según la OPC, en el primer año sumarían “494.242 personas, 78,3% de las cuales serían mujeres, mientras que para el segundo año, las altas rondarían las 225.409 personas”. Muchos no tienen los aportes suficientes por haber trabajado en la informalidad o estar desempleados o en situación de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial.