El alcalde fue detenido junto a un líder de la organización criminal Guerreros Unidos -a la que la investigación oficial atribuye la responsabilidad de las desapariciones-, a menos de un mes de haber asumido el cargo.
Los detenidos son el alcalde Erick Ulises Ramírez y Adán Casarrubias, hermano de Sidronio y Mario Casarrubias, otros dos supuestos jefes del grupo criminal detenidos ya por la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
La Procuraduría General de la República no dio todavía información oficial sobre los arrestos, y las versiones señalan que se trató de un operativo realizado el miércoles al atardecer en Cuernavaca, en el estado de Morelos, con la finalidad de detener a Casarrubias.
El líder criminal estaba con el alcalde y con otro hombre que se identificó como asesor jurídico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido al que también pertenece el alcalde.
Soldados y policías federales confiscaron dos armas y un paquete de cocaína y trasladaron a los detenidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la capital mexicana para una primera declaración.
Los 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de ser perseguidos y secuestrados por policías de Iguala y de Cocula, una comunidad vecina.
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca está arrestado, y las investigaciones lo señalan como quien dio al orden de detener a los jóvenes, que fueron entregados por los policías a Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y los incineró en un basurero para hacer desaparecer sus restos.
Hasta el momento solo se identificaron a partir de ADN los restos de dos de los estudiantes, en un laboratorio de la austríaca Innsbruck, aunque con distinto grado de certeza.
La versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero fue puesta en duda por un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una investigación independiente.
Por esa razón, se harán nuevos peritajes en el basurero para establecer si hay suficientes indicios para respaldar esa presunción, basada en declaraciones de algunos de los detenidos y en peritajes realizados por la fiscalía general.
La dirigencia local del PRD pidió hoy que se profundice la investigación y, si es responsable, que se castigue al alcalde Ramírez Crespo.
"Como PRD no vamos a meter las manos al fuego por nadie y pedimos que se investigue, se castigue y si tiene alguna responsabilidad que se le aplique todo el peso de la ley", sostuvo el líder del PRD local, Celestino Cesáreo Guzmán.
Reseñó el dirigente que antes de que el partido registrara a sus 81 candidatos a alcaldías y diputaciones locales en el pasado proceso electoral de junio, la fuerza entregó a la PGR la lista de todos los aspirantes perredistas para que investigara si tenían algún nexo con la delincuencia.
Las detenciones ocurrieron casi en paralelo al anuncio de la PGR de que utilizará drones (vehículos aéreos no tripulados) para abrir una nueva etapa de búsqueda de los 43 estudiantes.
"Uno de los planteamientos que han hecho las familias tiene que ver con el uso de tecnologías para la búsqueda. Ellos por ejemplo refieren, y también los expertos internacionales lo plantean, el uso de drones y de una tecnología que permite detectar oquedades en la tierra o remociones en la tierra", indicó el subprocurador de DDHH de la institución, Eber Betanzos, en conferencia de prensa.
Esos elementos, añadió, "serán empleados por parte de la Procuraduría General de la República en las acciones de búsqueda que corresponden".
El funcionario indicó que se trata de drones que pidió la PGR y que "esta tecnología está ya lista para poderse usar", si bien no precisó si la institución ya cuenta con los aparatos.
Por otro lado, Betanzos refirió que el pasado martes se reunió con Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para colaborar en las investigaciones del caso, y con Omar Gómez, secretario ejecutivo del mismo grupo.
El objetivo del encuentro fue establecer las bases del plan de trabajo que se desarrollará con el GIEI en los seis meses que durará la extensión de su mandato en México.
La CIDH anunció ayer que el grupo de expertos designado para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, estado Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato.
