Con cinco votos de siete posibles, el jurado de Enjuiciamiento resolvió correr a la funcionaria judicial.
Por 5 votos contra 2, el jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos decidió destituir a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.
Tras el rechazo del amparo que había presentado Goyeneche por parte del Superior Tribunal de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo el camino liberado. El sábado a la noche se conoció el voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Mulone. La representante del Colegio de la Abogacía es, hasta ahora, la única que rechazó la destitución de la fiscal.
Su decisión empató la votación que ya tenía un voto en contra de Goyeneche del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone. Luego de Mulone, el expediente pasó a votación de otros dos integrantes del Superior, Gisela Schumacher y Daniel Carubia. Ambos se inclinaron por la remoción de la Procuradora.
Este mediodía votó el senador Armando Gay y desequilibró la balanza. El legislador también opinó que Goyeneche debía ser destituida. Así la votación quedó 4 a 1. Historia resuelta. A primera hora de la tarde incorporó su decisión Gonzalo García Garro, que también se sumó al fallo destitutorio. Por último, el diputado provincial Gustavo Zavallo votó por una sanción que no es destitutoria, pero es una decisión sui generis porque el Jury de Enjuiciamiento no tiene esa facultad. Sin embargo, la votación cerró 5-2.
Fuentes de la defensa indicaron que aún no habían sido notificados formalmente de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. Y que esperarán tener el texto, posiblemente recién mañana martes por la mañana, para definir los futuros movimientos.
A Goyeneche le quedan dos balas. La primera es el recurso extraordinario federal que se presentará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que el máximo tribunal analice la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que denegó el amparo con el que la Fiscal pretendía dejar de lado la actuación del fiscal ad hoc Gastón Justet en el jury y reponer como órgano acusador al Ministerio Público Fiscal.
La segunda es la apelación ante la Justicia de la decisión del Jurado que, pese a ser un órgano constitucional, tiene características administrativas y, por tanto, sus decisiones pueden ser revisadas en Tribunales.
Aquí hay dos tramos. El primero será ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, un ámbito que le ha venido siendo adverso. En caso de que allí se ratifique la decisión del Jurado, el siguiente escalón es la Corte.
Goyeneche sabía que su suerte estaba echada y solamente aguardaba lo inevitable. “Lo que se viene es la destitución. Nosotros investigamos a los poderosos cuando tenían poder”, aseguró el jueves de la semana pasada.
Había quedado sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes, que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló un entramado para extraer del Estado, vía contratos de locación, ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento.
Pero de acusadora pasó a acusada el 30 de noviembre pasado. El argumento fue el supuesto “mal desempeño” de su cargo. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.
Así, el miércoles pasado, en medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc. Fue un movimiento para cumplir, en lo formal, con la Corte Suprema.
La reacción del gobierno de Bordet
La primera reacción oficial en la Casa de Gobierno de Entre Ríos fue de cautela. Fuentes oficiales dejaron trascender que se esperará la formalización del fallo. Cumplido este requisito formal, la administración del peronista Gustavo Bordet, que siempre se mantuvo al margen del proceso, sentará ante la opinión pública una posición sobre algunas afirmaciones que se hicieron y se propagaron por medios de comunicación durante el trámite del Jury.
En el entorno del mandatario remarcaron que tanto Bordet como su funcionariado sostuvieron un silencio prudente “por respeto a las instituciones” algo que, señalaron, no ocurrió con referentes de la oposición. Asimismo, apuntaron que la administración provincial sostuvo durante los seis años que lleva al frente de la Provincia esa conducta ante procesos judiciales de alto impacto, así se trate de figuras del partido justicialista o de otras fuerzas e incluso del Poder Judicial.
