El fiscal Mariano Moyano detalló cómo operaba una banda que conectaba tres penales bonaerenses con grupos en libertad. Hubo ataques a adultos mayores y se investiga una posible complicidad penitenciaria.
El call center tumbero estafaba a jubilados y coordinaba entraderas desde cárceles bonaerenses
Una banda que operaba desde tres cárceles bonaerenses utilizaba celulares para estafar a adultos mayores y coordinar violentas entraderas con delincuentes que estaban en libertad. La investigación detectó 19.800 llamadas realizadas desde un solo teléfono entre marzo y el 20 de octubre, con alcance en distintas provincias.
El fiscal Mariano Moyano, titular de la Fiscalía N° 13 de Mar del Plata, explicó que el centro de las comunicaciones estaba en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos y que la organización tenía conexiones con las unidades N° 15 y N° 44 de Batán. Tras los procedimientos, reclamó que se prohíba de manera urgente el uso de celulares en los establecimientos penitenciarios.
"Con ese celular establecimos que se activaron 11 tarjetas de telefonía diferentes", precisó. El dato amplía los primeros registros, que habían permitido identificar más de 10.000 comunicaciones. Todavía se investiga cuántas personas fueron estafadas y cuánto dinero obtuvo la organización.
Según relató Moyano, dos hechos ocurridos el 7 y el 8 de julio en Mar del Plata fueron determinantes para avanzar en la pesquisa. En el primero, una mujer recibió un llamado de un hombre que se presentó como fiscal y le anunció que un representante se acercaría a su domicilio.
Mientras los delincuentes mantenían la comunicación desde Olmos, coordinaban el movimiento de un grupo en la ciudad. Cinco personas llegaron en un auto y cuatro descendieron e irrumpieron en la vivienda. Se llevaron dinero y otros objetos de valor.
Al día siguiente se produjo otra maniobra similar. En esa oportunidad, los integrantes del grupo llegaron a la casa de un hombre y se presentaron como policías, pero la víctima sospechó, logró cerrar la puerta y avisó a las autoridades. El robo no se concretó. El análisis de cámaras de seguridad y de las antenas telefónicas permitió relacionar los episodios.
Entre los ataques investigados figura una entradera en una vivienda de la calle Artigas, donde encapuchados maniataron y golpearon a una mujer de 70 años. Le provocaron cortes en los pies para exigirle dinero y huyeron con $600.000. Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio.
El peritaje de su celular fue una de las claves para reconstruir la estructura. Los investigadores de las DDI de Mar del Plata y La Plata identificaron una distribución de tareas entre internos de los tres penales y personas que actuaban fuera de las cárceles.
Los investigadores señalaron como principal encargado de llamar a Hugo Miguel, alias "El Gitano", de 62 años, alojado en Olmos y condenado a 30 años de prisión por homicidio. Para engañar a las víctimas utilizaba, entre otras identidades, la del "subcomisario Gutiérrez", un nombre que habría tomado de un personaje de una serie para dar credibilidad a sus relatos.
Según la investigación, desde las unidades de Batán, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba reunían información sobre las potenciales víctimas y su patrimonio. Esos datos eran transmitidos a Olmos para preparar los llamados, dirigidos especialmente a personas mayores.
La banda apelaba a dos engaños principales. Uno consistía en comunicar que un familiar estaba detenido por haber atropellado a una mujer embarazada y que era necesario entregar una fianza de inmediato para liberarlo.
En la otra modalidad, los estafadores se hacían pasar por hijos o sobrinos y advertían sobre un supuesto anuncio económico o presidencial que obligaría a cambiar los dólares ahorrados. Con ese argumento, buscaban que las víctimas entregaran el efectivo a una persona enviada a sus domicilios.
La estructura también tenía capacidad para recurrir a la violencia. Cuando el engaño telefónico no alcanzaba para obtener el dinero, intervenían grupos externos que podían presentarse como policías en la puerta de las casas o ingresar por la fuerza.
Moyano indicó que se solicitó la detención de tres personas que estaban en libertad cuando ocurrieron los hechos del 7 y el 8 de julio. Además, señaló que se investiga si la organización contaba con otras células en distintas localidades, necesarias para concretar las maniobras fuera de Mar del Plata.
La magnitud de las comunicaciones surgió de los informes de las compañías telefónicas. Un primer pedido, correspondiente a un mes de actividad de una línea identificada, arrojó 5.400 llamadas. Luego, los investigadores detectaron otro número y obtuvieron autorización de la Justicia de Garantías para intervenirlo: en 30 días se registraron más de 5.000 comunicaciones.
Los llamados activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, lo que permitió ubicar su origen en la Unidad Penal N° 1. Los primeros datos describían una actividad de al menos 50 llamadas diarias y más de 10.000 comunicaciones entre junio y octubre. El análisis posterior del aparato secuestrado extendió el período examinado hasta marzo y elevó el registro a 19.800.
Los destinos incluían ciudades de la provincia de Buenos Aires, Rosario y localidades de Neuquén, Mendoza, Córdoba y Tierra del Fuego, entre otros puntos del país. El fiscal remarcó que había comunicaciones dirigidas tanto al norte como al sur de Argentina.
Para evitar la destrucción de pruebas, se realizaron allanamientos simultáneos en las tres unidades penitenciarias. Los efectivos secuestraron ocho celulares, tarjetas SIM y anotaciones con nombres y números de posibles futuras víctimas.
En Olmos, los procedimientos alcanzaron a Hugo Miguel y a su compañero de celda, Joel Aguirre. En Batán, Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Villalba fueron notificados de las nuevas imputaciones.
Con los dispositivos y la documentación incautados, la fiscalía busca establecer si se utilizaron otros teléfonos y tarjetas, identificar a todos los integrantes de la asociación ilícita y reconstruir el recorrido del dinero: cómo ingresó a la organización y cómo fue distribuido. Moyano aclaró que la investigación todavía está en una etapa inicial.
El fiscal también planteó interrogantes sobre los controles penitenciarios. Explicó que en los audios se escuchan voces nítidas, incluso las de quienes simulaban llorar, sin ruidos de fondo que pudieran alertar a las víctimas sobre el verdadero origen de las llamadas.
Señaló que ese silencio resulta llamativo por las dimensiones de las celdas y los pabellones y por la cantidad de personas alojadas. Mencionó conversaciones de 30 o 40 minutos, entre ellas una del 7 de junio que duró 33 minutos, y sostuvo que esas condiciones hacen presumir que las maniobras podrían haberse desarrollado en otro espacio físico.
"Parece difícil pensar que esto haya sido inadvertido", expresó sobre quienes debían controlar a los internos. Sin embargo, ante la posibilidad de una complicidad dentro del Servicio Penitenciario, aclaró: "Tengo que ser muy cauto". Indicó que será necesario investigar cómo pudo sostenerse semejante volumen de llamadas sin ser detectado.
Moyano vinculó el caso con otras investigaciones sobre delitos organizados desde las cárceles y cuestionó la continuidad de una autorización para utilizar celulares que, recordó, fue dispuesta de manera excepcional durante la pandemia.
"No hay ninguna motivación que justifique que esto siga siendo de esta manera", afirmó. Sostuvo que aquella habilitación debió cesar al terminar la emergencia y advirtió que los aparatos permiten acceder a información de personas que están afuera, organizar delitos y obtener recursos económicos.
Como ejemplo, mencionó otras investigaciones en las que internos compartían imágenes de viviendas tomadas de Google Maps para coordinar robos. Consideró que el Estado no controla esas comunicaciones o no dispone de los recursos necesarios para hacerlo.
El fiscal también afirmó que, pese a la repercusión pública del caso, no había escuchado referencias ni expresiones de preocupación de las autoridades sobre esa situación. Su pedido apunta a cortar las comunicaciones informales desde los penales para frenar las estafas y extorsiones.
Al referirse al impacto sobre las víctimas, sostuvo que son ellas quienes tienen motivos para estar indignadas. "El Estado no les está garantizando las medidas de seguridad necesarias", manifestó, y cuestionó que personas condenadas o detenidas por delitos graves puedan seguir delinquiendo mientras están bajo supervisión de organismos de la provincia de Buenos Aires
