La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que el Gobierno ya realizó la compra de las pastillas para garantizar la interrupción del embarazo en todo el país.

La aprobación en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) continúa repercutiendo mientras se aguarda su publicación en el Boletín Oficial. Recientemente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que el Gobierno ya realizó la compra de misoprostol para proveer a todas las provincias.
«El Ministerio de Salud ya hizo una compra para proveer a todas las provincias con misoprostol y prevé otra adquisición a través del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)», dijo la funcionaria nacional en diálogo con CNN radio. Además, detalló que esa adquisición permite obtener la medicación a «precios muy económicos».
Tras la sanción el pasado miércoles en el Senado de la ley de IVE, la funcionaria explicó que «en los próximos días, una vez promulgada la ley, una parte del proyecto empieza a tener efecto», en lo relativo a la «despenalización y extensión de causas penales abiertas» y subrayó que no hay necesidad de esperar a la reglamentación de la norma para esos casos.
En cuanto a los requerimientos del IVE, mencionó que «hay algunas provincias y ciudades donde el sistema de salud puede atender» esas demandas de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en forma inmediata, cuando entre en vigencia la ley, y citó el caso de Santa Fe, que produce en laboratorios estatales el misoprostol, que es la medicación que se utiliza.
La ministra reconoció que la operatividad de la ley de IVE «va a ser dispar desde el inicio, pero el Gobierno trabajará para que las redes de distribución lleguen a todos lados».
En cuanto a la resistencia de los sectores «celestes» que advirtieron que judicializarán la ley, Gómez Alcorta manifestó: «Sabemos que tenemos un país con regiones con muchas diferencias idiosincrásicas y hay un trabajo muy importante que ya se empezó».
Y agregó que es consciente de que «hay mayores resistencias en algunos lugares» de la Argentina, el objetivo es hacer que el derecho al acceso a un aborto legal sea una realidad «en cada rincón del país».
«La ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia, entonces habrá que ver en cada lugar donde muchos médicos recurran a eso cómo se construyen las redes de derivación para garantizar el derecho a abortar», consideró.
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