Además afirmaron que "no puede prevalecer el derecho de objeción de conciencia por sobre la práctica", de modo que se busca garantizar la ejecución de la Ley.
El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado el pasado miércoles 30 de diciembre, continúa dando de qué hablar. El histórico hito que consiguieron las mujeres argentinas se encuentra en etapa de preparación antes de ser publicada en el Boletín Oficial de la Nación.
En esta etapa previa a su publicación, todavía resta tiempo para lograr una correcta regulación del Estado en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en todos los centros de salud del país. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del Gobierno, afirmó que estará disponible de manera "rápida" para que las personas gestantes que lo deseen puedan acogerse a la ley.
Respecto a esto, la funcionaria y autora de la redacción del proyecto garantizó que tanto las mujeres extranjeras como las residentes podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud argentino, tal como viene sucediendo hasta ahora con otras prácticas. Aún así, adelantó que el Gobierno tomará medidas para evitar "el negocio de quienes quieran lucrar con nuestro sistema de salud".
En cuanto a casos de personas gestantes extranjeras que quieran viajar al país para practicarse un aborto legal, la funcionaria afirmó que cualquier argentina o residente en Argentina podrá acceder al aborto, pero indicó que “volver a sus destinos” después de practicarse la interrupción del embarazo es algo que van a “ir evaluando”.
“No puede prevalecer el derecho de objeción de conciencia sobre la práctica”
En el mismo sentido, Ibarra señaló la necesidad de “garantizar la accesibilidad del derecho”, dado que en el proyecto de ley se introdujo la objeción de conciencia.
“No puede prevalecer el derecho de objeción de conciencia sobre la práctica. Queremos garantizar la práctica. En este tema tenemos desafíos de implementación”, aclaró Ibarra, que reconoció que es posible que haya “piedras en el camino”.
En cualquier caso, adelantó que habrá “sanciones” para quienes demoren “en forma injustificada” un aborto y señaló que “tiene que haber al menos una persona” que pueda efectuar el aborto.
Asimismo, la secretaria Legal y Técnica aseguró que las causas penales abiertas contra mujeres que abortaron se cerrarán desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial, que debe producirse en un máximo de 10 días hábiles.
