También cayó el de empleados privados, el de estatales y el de trabajadores informales. La evolución del gasto público del primer semestre reforzó el fenómeno.
El último informe de la consultora Invecq calculó que desde entonces el ingreso medio de los jubilados perdió 34% de su poder de compra, la pérdida de los trabajadores privados “no registrados” (esto es, el ancho mundo de la informalidad laboral argentina) fue de entre 25 y 30%, el salario medio de los empleados públicos cayó 20% y el de los empleados privados registrados (esto es, “en blanco”) retrocedió un más módico pero todavía notable 13 por ciento.
El cálculo es aún más crudo sobre el ingreso medio de los jubilados, que cayó 34% y perdió más de un tercio de su poder adquisitivo. Es como si en un mundo sin inflación, a lo largo de un año un jubilado percibiera 4 jubilaciones menos.
En la primera mitad del año, esta pérdida se acentuó con la política fiscal del gobierno. Al respecto, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la ejecución del presupuesto nacional notó que en junio “por primera vez en el año” cayeron en términos reales “todas las prestaciones sociales”, bolsa que incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y programas sociales.
El gasto en jubilaciones y pensiones cayó $243.440 millones en pesos constantes, las asignaciones familiares cayeron $254.821 millones y las partidas para programas sociales $ 311.777 millones, totalizando un ajuste de $810.038 millones, equivalente a 68% de la reducción del gasto total.
Los únicos rubros en que aumentó el gasto real fueron “Transferencias a Universidades”, “Subsidios al Transporte” (el informe no aclara si incluye las transferencias a las ferroviarias estatales y a Aerolíneas Argentinas), los gastos en personal (pese a la caída de los salarios que paga, el Estado siguió aumentando su dotación de personal) y el pago de intereses de deuda. Respecto de esto último, cabe recordar que la deuda del Tesoro rozó en junio el equivalente a USD 400.000 millones y que el gobierno refinancia la parte en pesos a tasas cada vez más altas o atándola al dólar, la inflación o, éstas dos variables, la que mejor le resulte al acreedor.
Según el informe de la OPC, la caída del gasto previsional en la primera mitad del año se explica “principalmente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados por la fórmula de movilidad y la inflación (79,4% vs 107,9%, una diferencia de casi 30 puntos).
“Si bien para los jubilados de más bajos ingresos la caída se atenúa por la aplicación de bonos ($10.000 en enero y febrero y $15.000 entre marzo y junio) mostrando una variación negativa de 2,9% anual acumulativo, los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una reducción del poder de compra de 13,7% durante el semestre”, dice la OPC.
A su vez, calculó la OPC las transferencias destinadas a la Asignación Universal por Hijo mostraron una reducción de 12,8% anual acumulado.
En tanto, “las asignaciones familiares cayeron 28,2% anual, principalmente las vinculadas a los trabajadores activos (-43,8%), producto de la actualización del valor de las prestaciones por debajo de la inflación, la disminución del complemento mensual dispuesto en octubre de 2021 y la política de actualización de topes máximos para acceder al beneficio”, que comenzó a operar recién en marzo.
