La demanda, que fue presentada ante el Agente Fiscal de Investigación Penal, está vinculada con el cobro de millonarias sumas de dinero para la ejecución de obras que nunca se realizaron.
Según el escrito judicial, al que tuvo acceso NOTINOR.COM, la dirigente kirchnerista fue sindicada como "jefa" de una organización constituida por cooperativas que se apropió de $1.634.444,21 que iban a utilizarse para obras y que no fueron ejecutadas.
La denuncia involucra además a los titulares de 13 cooperativas, así como al ex vocal social del Instituto de la Vivienda, Pablo Tolosa y al ex presidente de ese organismo Lucio Abregú. Ambos funcionarios respondían al ex gobernador Eduardo Fellner y encabezaban la institución encargada de la política habitacional de Jujuy.
El escrito lleva las firmas del fiscal de Estado, Mariano Miranda, la procuradora general provincial, Josefa Herrera y el actual presidente del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Walter Morales.
El planteo judicial apunta a una serie de maniobras realizadas entre enero y mayo del año pasado, en la que participaron doce cooperativistas y ex funcionarios provinciales del Instituto de la Vivienda. Allí, se detectaron irregularidades en 30 convenios suscritos con entidades vinculadas a la Tupac Amaru, que tenían el objetivo de poner en pie soluciones habitacionales y mejoras de infraestructura social.
En los expedientes bajo sospecha no se registró que las obras comprometidas se hayan edificado ni tampoco consta dónde habrían sido construidas. Allí, se establecían dos pagos de entre 63 y 56 mil pesos por cada proyecto, cuyo destino se desconoce.
En esas maniobras, los fiscales del Estado entendieron que hubo un "proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos de la utilización que correspondía dárseles". De esta manera, por ser la presunta "jefe" del accionar delictivo, Sala fue acusada de "asociación ilícita agravada" y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública, ya que habría "un daño directo" al apropiarse de fondos "necesariamente destinados a la construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales e infraestructura".
En relación a los funcionarios involucrados, el escrito acusa a Tolosa, Abregú y a Marta Gutiérrez, jefa del Departamento Administrativo Financiero del IVUJ, de ser "quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario".
El fiscal Miranda dijo también que se apunta a unos 29 millones de pesos por el programa Mejor Vivir. "Se ha detectado que no se realizaron las obras" para las que las cooperativas recibieron el dinero, afirmó.
"Si se logra acreditar el relato de hechos denunciados, hay delitos -la asociación ilícita agravada- con penas máximas de hasta 20 años. De todas manera eso depende de la merituación y la prueba recolectada", explicó el fiscal.
La ampliación de la denuncia contra Sala y los cooperativistas se produce luego de su detención el fin de semana en su casa de la capital jujeña, acusada de "instigación a cometer delitos" y "tumultos". Esa denuncia surgió porque la diputada del Parlasur instaló un campamento hace varias semanas frente a la gobernación de Jujuy, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales.
EL MODUS OPERANDI
Nueve personas que aseguraron ser presidentes de cooperativas se presentaron ante la fiscal Liliana Fernández y realizaron nuevas denuncias penales contra Milagro Sala.
Estos nueve cooperativistas relataron a la funcionaria judicial el modus operandi en que supuestamente funcionaría una aceitada maquinaria para defraudar al Estado en el manejo de los fondos públicos destinados a la obra pública.
De acuerdo a los testimonios, que constan en las actuaciones judiciales a las que NOTINOR.COM tuvo acceso, cada presidente de cooperativa recibía una llamado desde el Instituto de Viviendas de Jujuy para que pasen a recibir cheques y entrgar facturas por las obras supuestamente finalizadas o en ejecución.
En éste sentido, sindicaron a Mabel Balconte, diputada provincial del Frente Unidos y Organizados, a Javier Nieva, dirigente de la organización Marina Vilte, y a Marcia Sagardía, concejal de San Pedro por el Frente Unidos y Organizados, como quienes avisaban telefónicamente para pasar por el IVUJ munidos de "sellos y facturas" para poder retirar los cheques.
Los denunciantes dijeron que facturaban por obras que nunca se habían hecho ni comenzado, como ser "enripiado y cordón cuneta".
Ellos entregaban las facturas a una mujer identificada como "la colombiana", supuesta contadora del IVUJ, quien a su vez les hacía entrega de los cheques.
Luego de recibir los cheques, estos debían ser endosados y entregados a Balconte, Nieva o Sagardia, quienes se encargaban de cobrarlos en Banco Nación o Macro.
Según las denuncias, los cheques se hacían efectivos en ventanilla de dichos bancos, eran puestos en bolsos o bolsas, y de allí eran trasladados al domicilio de Milagro Sala.
Los denunciantes aseguraron ante la Justicia recibir de estos supuestos cobros, apenas un 10% y que el resto era administreado discresionalmente por Milagro Sala.
"Milagro Sala distribuía las obras entre todas las organizaciones sociales, para la Tupac Amaru 400 núcleos de viviendas, para la ODIJ 350 y después para los más cercanos a Sala como Beto Cardozo 52 núcleos, Balconte 92 núcleos y Sagardía 20 núcleos”, declaró uno de los denunciantes.
Las cifras de cada operación denunciada son siderales. Así, uno de los denunciantes afirma haber firmado recibos por $3.666.000, y otro por $2.750.000, incluso a pocos días del cambio de gobierno en el mes de noviembre del 2015. En ambos casos los denunciantes aseguran que de esas sumas apenas recibieron el 10%.
LOS FUNCIONARIOS DEL IVUJ INVOLUCRADOS
En el escrito, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y el titular del IVUJ, Walter Morales, sostuvieron que estas cooperativas forman parte con otras entidades similares de “una articulación más grande que las abarca y dirige que es la organización social Tupac Amaru comandada por Milagro Sala, juntamente con otro grupo de personas que la gobiernan, manejan y operan sus actividades”. Entendieron que se estaba frente a una “asociación ilícita, cuyo fin es la comisión de delitos, entre ellos el fraude a la administración pública. Dada la cantidad de personas y la participación de funcionarios públicos es aplicable el tipo de la asociación ilícita agravada del artículo 210 bis del Código Penal”.
Asimismo pusieron de relieve que la participación de los ex funcionarios Tolosa y Abregú “que integraban la asociación ilícita”, posibilitó la comisión de los delitos denunciados, ya que ellos “firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario”. Asimismo, apuntaron a la jefa del departamento Administrativo financiero del IVUJ, Marta Gutiérrez, “quien libró los fondos pese a las irregularidades existentes”. Entendieron que la conducta de los tres mencionados se encuadra en asociación ilícita agravada, sin perjuicio de que sus actos pudieran recaer en los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
Denunciaron que “toda la operatoria ha sido posible por la participación de funcionarios públicos que integraban esta asociación ilícita, sin los cuales no hubiera podido lograrse cometer los delitos descriptos”.
En el escrito legal agregaron que los acusados “han aprovechado la figura de una cooperativa para apoderarse de fondos de la administración pública”, lo que evidencia “un notorio abuso de confianza” puesto que estas organizaciones “se encuentran legalmente constituidas, de modo que el Instituto de Vivienda confió en que los fondos entregados serían destinados a la finalidad correspondiente”.
También subrayaron el “actuar doloso de los denunciados, en virtud de que no podían desconocer que los fondos recibidos debían ser destinados a la obra respectiva, existiendo un convenio suscripto y puesto que los recibieron de una entidad pública como lo es el Instituto de Vivienda y Urbanismo”.
Este hecho, aseguraron, constituye una desnaturalización de la figura, tanto de la persona jurídica de la cooperativa como de la organización social “al desviar su finalidad para utilizarlas como medio para realizar actos ilícitos mediante la comisión de delitos. En este caso, es la organización social Tupac Amaru la que dirigía este tipo de actividades delictivas, por medio de sus integrantes y su jefe Milagro Sala”.
Los denunciados son los cooperativistas Olga Inés Tufiño, de Jalisco Ltda; Marco Almasana, de San Cayetano; Alberto Cardozo, de Tekure; Juan y Javier Nieva, de Nueva Esperanza; Damián Lacsi, de Moreno; Ramón Fernández, de La Banda; Eduardo Zequeiro, de 26 de Agosto; Carlos Cruz, de Rimay; Joaquín Salas, de 28 de Septiembre; Marcelo Almasana, de 18 de Julio; Marcia Sagardia, de 21 de Mayo y Juan Manuel Aguilera, de 14 de Enero.
