En menos de dos semanas, los mandatarios pasaron de discutir el desdoblamiento de las elecciones a poner al Presidente al frente del conflicto. Sin embargo, nació una nueva grieta entre las provincias.
Los gobernadores peronistas dieron un giro rotundo en las últimas semanas, en su relación con el presidente, Alberto Fernández. Pasaron de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales para evitar un arrastre, a ponerlo al frente de un conflicto con la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. El cambio tiene un motivo principal: los recursos coparticipables.
Si bien desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández la idea fue revisar los recursos adicionales que le había otorgado Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal, las negociaciones se empantanaron desde el inicio y ni de uno ni del otro lado de la mesa de debate daban el brazo a torcer.
Horacio Rodríguez Larreta defiende que los puntos adicionales otorgados son correctos, pero el Gobierno nacional entiende que no. Por eso, cuando estalló el conflicto salarial con la Policía Bonaerense, el Presidente decidió abandonar la mesa de negociaciones y avanzar unilateralmente en ese recorte de recursos para poder sustentar el gasto adicional que requería la provincia de Buenos Aires en plena pandemia.
Una agenda política que se acomoda a los vaivenes electorales
Hasta ahí, se trata de un conflicto entre dos gobiernos (Nación y CABA) en los que entró a jugar un rol fundamental un tercer actor: la provincia de Buenos Aires. Fue entonces que, bajo el criterio de que la capital porteña es el distrito más rico del país, 18 de los 22 gobernadores peronistas restantes se abroquelaron detrás de Alberto Fernández y Axel Kicillof, y apuntaron conta Rodríguez Larreta.
El conflicto escaló hasta llegar a la Corte Suprema, pero desde entonces las cuestiones políticas, económicas y fundamentalmente electorales ocuparon la agenda de los gobernadores peronistas y todos empezaron a mirar a 2023.
Cuando Cristina Kirchner anunció que no será candidata en las próximas elecciones, la reacción de los mandatarios provinciales fue una de las más rápidas en llegar. Velozmente, salieron del impacto para reacomodarse en el nuevo escenario.
En un intento por evitar ser arrastrados por una posible derrota nacional sin un nombre de peso, muchos mandatarios provinciales que pisan fuerte en sus territorios decidieron desdoblar las fechas de elecciones y despegarse de las presidenciales.
Con pocas excepciones, la mayoría de los gobernadores tomaron distancia del Presidente y, algunos creen, lo dejaron solo. Hasta que llegó el fallo de la Corte, cuando, enojados por la decisión y por lo que consideran una intromisión judicial que perjudica al federalismo, salieron en la búsqueda de que el jefe de Estado no acate la orden.
La pelea por los fondos divide a los gobernadores
De los 19 gobernadores que firmaron la primera carta de queja, cinco no se sumaron en la de este jueves. El misionero Oscar Herrera Ahuad participó virtualmente de la reunión, pero contó que se tuvo que retirar antes. No sumó su firma.
El neuquino Omar Gutiérrez; el salteño Gustavo Sáenz, que también representan a movimientos provinciales y se habían sumado en la primera queja, esta vez no fueron a la reunión y tampoco sumaron sus firmas. La rionegrina Arabela Carreras, se mantuvo siempre al margen, y el gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti, aunque adhirió la primera vez, ahora eligió el silencio y no sentó ninguna posición al respecto.
Los cuatro gobernadores de partidos provinciales sacaron un comunicado conjunto, mostrando “preocupación” del fallo de la Corte, pero tomando distancia de los mandatarios peronistas.
Según dijeron, la Corte “asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto” y cuestionaron que “el traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”.
“Esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía. Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”, expresaron.
El contrapunto gira en torno de que los fondos que se recortaron a CABA se giraron a la provincia de Buenos Aires. “Cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías”, denunciaron.
El pedido concreto es que está bien reclamar que no se le asignen recursos a CABA que no le corresponden y que esa plata se distribuya “equitativamente” entre el resto de las jurisdicciones.
