Desde la Coalición Cívica plantearon que continuar con las demoras en las designaciones representa “un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte” y “contra el orden constitucional”.
La Coalición Cívica (CC) envió hoy una nota formal para que las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados designen a los dos legisladores que faltan para que el Consejo de la Magistratura pueda volver a funcionar.
La carta, firmada por Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, está dirigida a Cristina Kirchner y Sergio Massa. En ella, las máximas autoridades de la CC plantean que “cualquier otra decisión”, que no sea avanzar con los nombramientos, representa “un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional”.
En esa línea, además, advierten que en caso de continuar con las demoras su conducta podría encuadrarse “en delitos penales”.
El viernes pasado se venció el plazo de 120 días dispuesto por la Corte Suprema para que el Congreso sancione una ley que reforme el Consejo de la Magistratura. En diciembre el máximo tribunal había declarado la inconstitucionalidad de la conformación actual del organismo porque consideró que no se respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos (políticos y técnicos).
A partir de este fallo, este lunes el Consejo -que elige y sanciona a los jueces- debía volver a tener 20 integrantes y al titular de la Corte como presidente, tal como estipulaba la norma de 1997, derogada por el kirchnerismo en 2006.
La ley de 1997 asigna cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Por eso aún resta designar a un legislador por la segunda minoría en cada una. La UCR y el PRO ya presentaron formalmente a sus representantes: la diputada Roxana Reyes - y Francisco Monti de suplente- y el senador Luis Juez -con Humberto Schiavoni de suplente.
Sin embargo, el oficialismo logró frenar todo presentando un amparo ante el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso. Protegidos por ese fallo, Cristina Kirchner y Massa decidieron no avanzar con la designación. Pero ayer, la Corte Suprema anuló todo lo actuado por el juez de Paraná y lo acusó ante el Consejo de la Magistratura. “Se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal”, advirtieron.
En referencia a esta decisión, desde la Coalición Cívica le recordaron a las autoridades del Congreso que ya no tienen “obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema”.
Para el oficialismo la Corte Suprema está intentando legislar a través de un fallo. Consideran que es una intromisión inaceptable de otro Poder que puede sentar un pésimo precedente.
“Si en nombre de la derogada ley 24.937 el Presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura (algo que ocurrió ayer por la tarde), se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”, planteó ayer el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.
Ante el silencio de Cristina Kirchner y Sergio Massa, que aún no adelantaron sus próximos movimientos, desde la oposición buscan presionar al oficialismo. Esta tarde, a partir de las 15.30, diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindarán una conferencia de prensa para exigir ante la opinión pública que se firmes las resoluciones para designar a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (PRO).
