El Superior Tribunal de Justicia resolvió confirmar la competencia del juez Isidoro Cruz en la Megacausa al desestimar un recurso impuesto por la defensa del ex titular de Tierra y Viviendas, Luis Cosentini.
El abogado defensor del ex titular de Tierra y Viviendas, Luis Canedi, había presentado un recurso señalando que la competencia de ésta causa era federal. Sin embargo, el máximo tribunal jujeño desestimó el mismo y confirmó la competencia de la justicia provincial.
Tras este fallo, el juez Isidoro Cruz podrá seguir adelante con la causa, en tanto que a la defensa le resta el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La llamada Megacausa surge de una denuncia del Gobierno Provincial en la que se investiga el destino de más de $1200 millones provenientes de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. En ese marco se investigan las responsabilidades del ex gobernador Eduardo Fellner; del ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; de los ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial, Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado; de los ex funcionarios del Gobierno Nacional, José López y Germán Nivello; y a Milagro Sala, ex dirigente de la Tupac Amaru, organización social encargada de las cooperativas de construcción de viviendas que recibieron millones de pesos del Ministerio de Planificación Federal por viviendas que nunca se construyeron.
Eduardo Fellner está imputado en la causa por el delito de supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real en grado de coautoría con fraude a la administración pública. La creación de la Unidad Ejecutora Provincial en 2007, organismo creado para administrar los fondos nacionales para la construcción de vivienda, está bajo la lupa de la justicia en este contexto. Por esa imputación, el fiscal Diego Cussel había pedido dos veces la detención de tanto el ex gobernador como de su ex ministro de Tierra y Vivienda.
Con la confirmación de la competencia, el juez Cruz quedó habilitado para resolver sobre los pedidos de detención preventiva que pesa sobre los ex funcionarios y el ex gobernador.
