Ante un nuevo pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) para que Cristina Kirchner sea indagada en el marco de la causa conocida como la “ruta del Dinero K”, que tiene a Lázaro Báez como principal acusado, el juez Sebastián Casanello volvió a rechazar una citación contra la ex Presidenta como partícipe de la maniobra de blanqueo, aunque aclaró que no “están dadas las condiciones legales para sobreseerla”.
“La ruta del dinero K” es el expediente donde Lázaro Báez lleva preso dos años y procesado en tres oportunidades por lavado de activos. El juez Casanello determinó el agravante en la habitualidad de la maniobra desde 2010 a 2013. Y estimó que en total se lavaron 60 millones de dólares con la utilización de la firma Austral Construcciones.
En dicha investigación quedaron procesados y próximos a enfrentar el juicio oral Báez y sus cuatro hijos; Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. Durante la instrucción no se involucró a ningún ex funcionario kirchnerista.
Ante un nuevo pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) para que Cristina Kirchner sea indagada en el marco de la causa conocida como la “ruta del Dinero K”, que tiene a Lázaro Báez como principal acusado, el juez Sebastián Casanello volvió a rechazar una citación contra la ex Presidenta como partícipe de la maniobra de blanqueo, aunque aclaró que no “están dadas las condiciones legales para sobreseerla”.
“La ruta del dinero K” es el expediente donde Lázaro Báez lleva preso dos años y procesado en tres oportunidades por lavado de activos. El juez Casanello determinó el agravante en la habitualidad de la maniobra desde 2010 a 2013. Y estimó que en total se lavaron 60 millones de dólares con la utilización de la firma Austral Construcciones.
En dicha investigación quedaron procesados y próximos a enfrentar el juicio oral Báez y sus cuatro hijos; Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. Durante la instrucción no se involucró a ningún ex funcionario kirchnerista.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara federal porteña -integrada entonces por Eduardo Farah y Martín Irurzun- determinó que esta causa está vinculada a la defraudación al Estado a través de la obra pública, es decir la investigación donde Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita junto a Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios. En la maniobra delictiva se favoreció a Báez con 52 contratos viales por 52.000 millones de pesos: la mitad de las obras no se terminaron y tuvieron sobreprecios del 65%.
Ante tal escenario, las querellas consideraron que la ex Presidenta debía quedar involucrada en este expediente, ya que la causa donde ya fue indagada y procesada por favorecer con la obra pública al empresario K posibilitó el flujo de dinero que después se habría lavado.
Al respecto, Casanello señaló en su resolución que si bien “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, no alcanza para “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex mandataria “o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”.
Para las querellas y para el fiscal Guillermo Marijuan son diferentes los alcances de la indagatoria que piden: “mientras la UIF reclama que se indague en esta causa de lavado a todos los ex funcionarios incluidos en aquella defraudación, la Cámara hace foco en Cristina Kirchner”, y la OA sólo pide que ella sea indagada.
Para Casanello, las pruebas reunidas “no son suficientes” para indagar a Cristina. Sin embargo, remarcó que tampoco están dadas las condiciones para “sobreseerla”. Hay varios exhortos en curso: a Suiza, Belice, Panamá, España, Estados Unidos y a Bahamas y Emiratos, “que son importantes porque es adonde se habría transferido el dinero cuando cerraron las cuentas suizas”.
