En la denuncia los acusa de los delitos de Incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, formalizó este lunes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini; por el accionar del Gobierno de usar piqueteros y camioneros en el control de precios como si fueran "grupos parapoliciales".
En sus redes sociales, apuntó contra el Presidente, el Ministro de Economía y el Secretario de Comercio Interior. "Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal", posteó esta mañana.
La presentación judicial apunta contra los tres funcionarios mencionados en el mensaje subido a Twitter. Aún no se confirmó cuál será el delito de la acusación.
Distintos referentes de la Coalición Cívica apoyaron la iniciativa de Carrió. "Un país al margen de la ley. Como no tienen un plan consistente ahora arman grupos de choque para estatales para el control de precios. Desde la CCARI nos presentaremos a la justicia para que se impidan estos aprietes", afirmó el diputado Maxi Ferraro.
También se pronunció la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, quien sostuvo: "Todo dentro del Estado de Derecho. Nada fuera de este. Massa y Tombolini empoderaron a grupos de antecedentes violentos, en un peligroso camino que desde la CC no avalaremos. Mañana será tarde. La Justicia tendrá que hacerse cargo de impedirlo, en eso trabajamos."
A la colaboración del sindicato camionero para el control del programa Precios Justos, que despertó una fuerte polémica en la oposición y el empresariado, el Gobierno también sumó a los movimientos sociales afines que durante la segunda quincena de enero se someten a una serie de capacitaciones barriales.
Se trata, en principio, de la agrupación Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, con fuerte presencia en el territorio -en especial en el Gran Buenos Aires-, que además trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.
"Nos pusimos a disposición. Hay un desfasaje en los precios en los barrios populares. La idea es difundir la aplicación", explicaron desde Somos Barrios de Pie. Según resaltaron, habrá una mayor actividad de la organización en las próximas semanas, a partir de los últimos días de enero y desde febrero.
La incorporación de los movimientos sociales a la auditoría del programa Precios Justos que Massa anunció en noviembre como la resolución de "uno de los problemas de la inflación" llega en plena polémica por la labor del sindicato camionero, controlado por la familia Moyano, en la fiscalización de los artículos de la canasta básica.
La participación de Camioneros fue justificada por Tombolini. "Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento", resumió el funcionario después de reunirse con el secretario de la CGT y de denunciar a algunas de las grandes cadenas de supermercados por "faltantes de stock por posibles desvíos de productos". Por eso el involucramiento de Borda, un gremialista de confianza de los Moyano.
Tombolini, sin embargo, remarcó que el control seguirá en manos del Estado: "Es una facultad indelegable", escribió en Twitter.
Además de Camioneros y de Barrios de Pie, en las últimas horas había trascendido la posibilidad de que ATE, el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado, también se plegara a la iniciativa. Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general del sindicato, aseguró que aún no habían "recibido ninguna invitación".
