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Luego de que el Gobierno diera vía libre para debatir en el Congreso la despenalización del aborto, diputadas de diversos bloques políticos insistirán en pedir una sesión especial para tratar directamente el proyecto el próximo 8 de marzo sin que pase por comisiones, a pesar de que los jefes de Cambiemos quieren ir "paso a paso" y no avalarán un debate en el recinto sin un tratamiento previo.
El proyecto para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación será presentado el 6, y luego se formalizará el pedido de sesión especial, al que adherirán legisladoras de distintas fuerzas, incluso de Cambiemos. Con un riesgo: si pierden la votación, la iniciativa no podrá volver a ser tratada este año.
Para iniciar la sesión especial, las impulsoras del aborto legal necesitarán reunir 129 presencias. Hay bloques enteros que darán quórum, como el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda. A ellos se sumarán los casos puntuales de diputados que habitan en cada bancada, dado que en la mayoría habría libertad de acción.
Esa decisión ya fue tomada, por ejemplo, en el Frente para la Victoria-PJ. Si bien al menos tres diputadas firmarán el pedido de sesión -Mayra Mendoza, Mónica Macha y Lucila Masin-, no habrá una bajada de línea a la hora de bajar al recinto y tampoco de votar.
"Debemos dar la discusión sobre el proyecto dentro del bloque, pero hay una necesidad de que el tema sea tratado cuanto antes", indicó Mendoza. En el grupo que impulsa la ley creen que el panorama numérico al interior del bloque está "mejor que hace dos años".
Si las diputadas logran conseguir el quórum -una tarea casi imposible sin la presencia de Cambiemos-, luego necesitarán dos tercios de los votos para aprobar el proyecto sobre tablas. Si los votos en contra superan a los votos a favor, el proyecto no podrá volver a ser tratado en 2018, según establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Más allá de que en el oficialismo también hay diputadas "pro-aborto legal", hay una postura clara en la conducción de la bancada, y es seguir el trámite ordinario de los proyectos, iniciando el tratamiento en comisiones.
"No esperábamos que llegara tan rápido el tema este año. Pero creemos que no es un tema para meter en una sesión especial, porque en lugar de ayudar al debate, lo entorpecen", advirtió una encumbrada fuente de Cambiemos, que además rechaza la despenalización.
Y agregó: "La discusión no tiene que ser 'aborto legal sí' o 'aborto legal no'. Tenemos que discutir también sobre la subrogación de vientres, la agilización de los trámites de adopción y el tema de las violaciones intrafamiliares".
Pero las diputadas que militan junto a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se mantienen firmes con el pedido de sesión. "Sabemos cómo es la maniobra. Hemos visto en estos dos años lo que pasa con los giros: se genera un cuello de botella y no hay posibilidad de avanzar", recordó Mendoza.
La camporista no ocultó su desánimo por la decisión de Cambiemos de colocar en la Comisión de Salud a Carmen Polledo, una ex legisladora porteña de muy buen vínculo con el presidente Mauricio Macri. "Ella está abiertamente en contra (del aborto legal), pero por una posición personal no se puede bloquear el tratamiento", se quejó.
Además de Salud, la última edición del proyecto tuvo giro a otras cuatro comisiones, todas en manos de Cambiemos: Legislación General (la preside Daniel Lipovetzky), Legislación Penal (Gabriela Burgos), Familia (Alejandra Martínez) y Presupuesto (Luciano Laspina).
Tanto Martínez como Lipoveztky -de la UCR y el Pro, respectivamente- están a favor de la ley. Por su parte, Burgos opone resistencia, aunque no esquivará el debate. Hasta ahora, los intentos por tratar el tema fueron tibios y nunca hubo un plenario de comisiones, sino tratamientos aislados por separado.
EL GOBIERNO IMPULSA EL DEBATE
El presidente Mauricio Macri discutió ayer por la mañana en la reunión de coordinación de Gobierno cuál era la mejor forma de facilitar el debate en torno a la despenalización del aborto en el Congreso. Lo analizó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los vicejefes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, el vicepresidente 1º del Senado, Federico Pinedo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Desde ahí se convocó a los senadores Luis Naidenoff, Ángel Rozas y Humberto Schiavoni, y a los diputados Nicolás Massot, Silvia Lospennato y Juan Manuel López, que se reunieron con Peña para organizar la agenda parlamentaria. Allí, el jefe de Gabinete les explicó que el Gobierno impulsaría la discusión en torno a la despenalización del aborto en la medida en que fuera interés del Congreso.
Por la tarde, Massot y Carmen Polledo fueron a hablar con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para pedirle que acelere la obtención de información fehaciente para dar sustento a un debate que "no promueva abortos para todos, que no sea el método anticonceptivo de la clase media alta, sino una política que proteja a las mujeres más vulnerables", según trascendió.
Monzó ya había alertado hace varias semanas de que el tema se venía, con gran respaldo de buena parte de la bancada radical, que tiene varias militantes feministas, desde Florentina Gómez Miranda a la actualidad, al punto de que pocos días atrás organizaron un encuentro provincial en Mar de Ajó, adonde fueron mujeres de los 135 municipios bonaerenses, donde la problemática del aborto en los sectores populares fue un tema central.
La agenda de los derechos de la mujer se viene imponiendo por sí sola en el debate público. La Cámara de Diputados sorprendió votando en noviembre del año pasado la paridad de género en las listas nacionales, un asunto que la Casa Rosada esperaba demorar para este año para negociarlo cuando se volviera a discutir la reforma electoral.
Los líderes de Cambiemos en el Congreso avisaron que "ya no hay margen para patear el debate, mejor es habilitarlo y dejar en libertad de conciencia a nuestros legisladores cuando llegue el proyecto al recinto". La novedad es que, después del descalabro de diciembre para aprobar la reforma previsional, los políticos del Congreso son escuchados con otro interés en Casa Rosada.
En efecto, en Gabinete percibieron que era valioso "escuchar todas las voces y promover la búsqueda de información científica, que profundice una discusión para la cual la sociedad está madura y que se debe hace mucho tiempo", y ayer mismo se pusieron a trabajar para abrir todo lo posible el debate, "que nadie sienta que no es escuchado".
Macri no es ajeno al tema. En la Ciudad ya hubo un debate al respecto en el 2012, cuando la Corte Suprema dispuso que se practique un aborto no punible en un caso de una relación sexual no consentida, afirmando que no se requería autorización judicial ni denuncia policial previa para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en esos casos, y pidiendo que las provincias realicen un protocolo para dar curso a esa resolución.
El por entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, aprobó rápidamente un protocolo, pero fue judicializado, por lo que la Legislatura porteña se abocó a la discusión de una ley para implementar en la Ciudad.
En una de las sesiones más bochornosas que hubo en la historia de la Legislatura, con barras muy ruidosas a favor y en contra, y después de siete horas de discusión la oposición logró aprobar el aborto no punible en una votación ajustada, 30 a 29, porque la Coalición Cívica votó junto al kirchnerismo, que lideraba Juan Cabandié.
La actual gobernadora, María Eugenia Vidal, era la presidente del Parlamento porteño y a quien le tocó, a las tres de la mañana, dar por aprobada la ley que, semanas después, Macri vetó. "Excede lo establecido por la Corte Suprema en el fallo", dijo el por entonces jefe de Gobierno en el decreto que firmó.
Polledo, que era presidente de la Legislatura y ahora es la presidente de la Comisión de Salud y quien llevará adelante el debate en Diputados, fue autora de un proyecto de ley a favor del aborto no punible en casos de violación o cuando existiera algún peligro para la vida o la salud de la madre que no pueda ser evitado por otros medios, siempre con previa verificación de un médico o un consejo profesional. Pero el proyecto que alcanzó la mayoría postulaba que no era necesario contar con opinión especializada que lo asegure. Macri lo vetó y la Ciudad no tuvo protocolo.
Desde Casa Rosada se hizo trascender ayer que el Gobierno impulsa el debate, dando libertad de acción. En el 2012, Macri había avisado de sus pasos al por entonces cardenal Jorge Bergoglio. Ahora que se tomó la decisión estratégica de facilitar esta discusión, no hay ningún indicio de que el papa Francisco haya sido alertado.
