Las repercusiones por el caso de Claudio Barrelier continúan sumando consecuencias en los ámbitos político y judicial. En las últimas horas, fue desplazado de sus funciones el concejal que había respaldado su incorporación a la Municipalidad de Córdoba, mientras que también quedó en suspenso el ascenso del fiscal que intervino en la causa que derivó en su liberación durante 2025.
El femicidio de Agostina Vega comenzó a tener consecuencias políticas en Córdoba. Este martes, Ricardo Moreno, el concejal que recomendó al único detenido, Claudio Barrelier, para que consiguiera un puesto como becario en la municipalidad de la capital provincial, fue en los hechos expulsado por el intendente Daniel Passerini, mientras que suspendieron la jura como Procurador Penitenciario Adjunto del fiscal Iván Rodríguez, quien en 2025 había ordenado liberar al barra de Instituto después de que una mujer lo acusara de haberla secuestrado en su domicilio con fines sexuales.
Según informaron medios locales, el intendente le expresó a Raúl La Cava, quien hasta el momento se hallaba de licencia tras asumir como secretario de Desarrollo Social, que regresara al cuerpo legislativo para reemplazar a Moreno.
De esta manera, Passerini se anticipó a la posible expulsión de Moreno, cuyo estudio jurídico también había representado legalmente a Barrelier en esa causa por privación ilegítima de la libertad, que data de mayo de 2025 y por la cual el sospechoso del crimen de Agostina estuvo 20 días preso.
Este lunes, Moreno admitió que posibilitó el ingreso de Barrelier como becario en la municipalidad para "pintar cordones": "Ahí pude darle este trabajo precario para que se ganara unos mangos y para que no tuviera en su cabeza la idea de irse del país ante la falta de trabajo".
"Yo no era concejal todavía. Fue una articulación que hice de buenos oficios como la puedo hacer con una persona que usted me presenta y que carece totalmente de antecedentes penales, que fue el requisito que pidieron para entrar a ese lugar", señaló en diálogo con eldoce.tv.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial postergaron el ascenso de Rodríguez, quien en diciembre pasado había logrado el aval de la Unicameral para integrarse a la nueva estructura de la Procuración.
Si bien la explicación oficial del postergamiento alude a la falta de finalización de obras en la nueva sede, fuentes gubernamentales confirmaron que no se consideró "oportuno" realizar el acto en este contexto. La jura de otras autoridades, como la fiscal general adjunta Betina Croppi, también quedó en suspenso.
Fuente elCanciller
