El Presidente defendió las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y negó un "acuerdo de voluntades" para beneficiar a Santa Cruz
El presidente Alberto Fernández negó este martes la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El Presidente sostuvo que se trata de "decisiones políticas no judiciables", al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
Alberto Fernández llegó a las 9:35 de este martes a los tribunales de Comodoro Py, dónde en instantes declarará como testigo en el juicio por la Obra Pública durante el Gobierno 2003-2015.
Durante la audiencia el mandatario descartó la existencia de un "acuerdo de voluntades" para direccionar obra pública en la provincia de Santa Cruz en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y remarcó que hay "delegación" de funciones en el Estado Nacional, al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal Número 2 en los Tribunales Federales de Retiro en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa conocida con el nombre de "Vialidad".
"No, definitivamente no", respondió el jefe de Estado ante una pregunta del defensor de Cristina Fernández de Kirchner, el penalista Alberto Beraldi. Alberto Fernández declara como testigo en el juicio por la obra pública adjudicada a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, en el juicio conocido como "Obra Pública", que tiene entre los acusados a la actual vicepresidenta.
El jefe del Estado negó haber recibido indicaciones de los presidentes para asignar obra pública a Santa Cruz o al empresario Lázaro Báez. "No, definitivamente no", repitió.
En cuanto a la adjudicación de fondos para la obra pública, Alberto Fernández consideró que se trata de "una decisión de carácter político no judiciable", en consecuencia ajeno a la evaluación por un tribunal. "Me llama mucho la atención lo que se está discutiendo en este juicio", resumió.
Alberto Fernández, parte de la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner
El jefe de Estado integra el listado de testigos como parte de su estrategia de defensa de Cristina Kirchner, quien sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron "actos administrativos", que como tales "fueron lícitos" y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con "sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron".
Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefes de Gabinete.
Por ese motivo la actual titular del Senado pidió que declaren los ex jefes de Gabinete de sus gobiernos, como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.
Ya declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó "utilizar las audiencia con fines electorales", consideró que el juicio "sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública" y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación "se busca desprestigiar a Cristina Kirchner". También Aníbal Fernández, quien calificó la causa de contar con más "fines políticos que jurídicos".
