Si bien la Mesa consideró siempre necesario aprobar un nuevo Código Contravencional, cuestionó la forma vertiginosa e inconsulta en que se realizó su aprobación, además del contenido manifiestamente inconstitucional presente en muchas de sus normas.
Frente a la gravísima la problemática de Violencia Institucional presente en la provincia, protagonizada en gran medida por las Policías con una clara connivencia del poder judicial y político, consideraron que el debate de ese nuevo código debería haber incluido a la sociedad civil, donde puedan verse representados la mayor cantidad de espacios involucrados como centros vecinales, organismos de DDHH, organizaciones sociales, asociaciones educativas, centros de estudiantes, colegios de profesionales y toda población interesada ya que afecta a la convivencia colectiva.
El proyecto de ley en su versión definitiva tomó estado público 48 hs antes de ser sancionado, no existiendo posibilidad de mayor publicidad, difusión y/o debate, características esenciales de un sistema democrático particularmente importante en temas tan sensible como es la convivencia colectiva.
En este contexto la Mesa Coordinadora presentó notas al presidente de la Legislatura Provincial Guillermo Jenefes, al presidente de la comisión que estuvo a cargo de la Reforma del Código, diputado Daniel Almirón, y al Presidente del Bloque del Partido Justicialista Javier Hinojo, solicitando una AUDIENCIA PÚBLICA y acercando observaciones sobre varios articulados del Proyecto de Código Contravencional, antes de realizarse la sesión legislativa especial.
La Mesa cuestionó que no se ajusta a las exigencias constitucionales propias de un Estado de Derecho y de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Las notas presentadas contenían un apartado de observaciones técnicas del proyecto que confirmaban esta afirmación.
Los núcleos argumentales más importantes señalados contra el nuevo código refieren a las normas que violan el derecho de defensa, el derecho a la libertad personal, la garantía del debido proceso y el principio del “juez natural”.También a la habilitación de prácticas que implican una clara invasión a la esfera privada de las personas y su libre determinación, Por otro lado se cuestiona la manifiesta criminalización de grupos sociales vulnerables transformándolos en sospechosos por su vestimenta, costumbres o color de piel, así como la criminalización de la protesta social sin ponderar los derechos constitucionales en juego.
Los miembros de la Mesa Coordinadora manifestaron que la función del nuevo código contravencional continúa siendo la ejercer un fuerte control social sobre diferentes grupos asi como la de evadir las responsabilidades del Estado en materia de Salud, Educación y Trabajo ya que aborda diferentes problemáticas esencialmente desde el castigo y no desde la prevención.
Por otro lado se considera gravísimo que los legisladores no tengan en cuenta la realidad de las innumerables y continuas denuncias por violencia institucional realizadas en el ámbito de la Justicia, de la Secretaría de DDHH de la provincia, como por los medios de comunicación, así como la evidente autogestión y accionar ilegal de las fuerzas de seguridad demostrada particularmente en el levantamiento de diciembre del año pasado.
La Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional reafirmó en su repudio, la necesidad de DEBATES DEMOCRÁTICOS REALES, de compromiso por el RESPETO y ACCESO EFECTIVO a los DERECHOS de todos los sectores de la sociedad jujeña, el CESE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en connivencia con funcionarios judiciales y políticos; a una convivencia pacífica llevada a cabo mediante políticas de Seguridad articuladas con políticas públicas, que complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.
