El índice aumentó 11,2 puntos porcentuales respecto a número de fines del año pasado y 12,8 puntos contra igual período de 2023, informó el Indec. La indigencia, en tanto, trepó a 18,1%.
La pobreza avanzó hasta 52,9% en el primer semestre del año y así alcanza a 24,9 millones de personas en todo el país, informó este jueves el Indec. Implica una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado, que había sido de 41,7% en el momento del cambio de Gobierno y de 12,8 puntos en comparación con un año atrás, cuando había sido de 40,1 por ciento. Esto representa, además, el dato más alto desde 2003.
Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta también de un empeoramiento en la tasa de indigencia. Así, el 18,1% de la población de todo el país no pudo tener cubiertas las necesidades alimentarias básicas, lo que representaría 8,5 millones de personas. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás.
Es la primera medición del gobierno de Javier Milei. Respecto de un año atrás, 6,2 millones de habitantes se sumaron al universo que con su ingreso no pudo comprar la canasta básica total de alimentos y servicios básicos. Y se incrementó en 4,2 millones la población que no llegó a cubrir el valor de la canasta básica alimentaria, pese a los planes de asistencia social.
Otro dato relevante es lo que en el informe oficial se suele presentar como la “brecha” de pobreza y de indigencia. Esto es: qué tan cerca o tan lejos están los pobres y los indigentes que viven en la Argentina, en términos de ingresos, de poder salir de esa situación.
Esas cifras también son críticas: en promedio en el primer semestre un hogar pobre tuvo ingresos 42,6% por debajo de lo necesario para dejar de serlo. Una distancia de algo más de $300.000. Para el caso de la brecha de indigencia, fue de 33,4%, lo que equivale a decir que un hogar que no llega a cubrir la canasta alimentaria requirió $116.000 más en promedio para no ser indigente.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
Pero el impacto más “novedoso” como efecto de la recesión fue el que está relacionado con el mercado laboral, un indicador que, aún con un deterioro persistente en el poder adquisitivo, se mantenía con tasas de desempleo mínimas en los últimos años. En el primer trimestre, la incidencia de la desocupación fue del 7,7% (una suba de dos puntos porcentuales respecto al cierre de 2023 y de 0,8 puntos en comparación con el mismo trimestre del año anterior); y de 7,6% en el segundo, una desmejora interanual de 1,2 puntos.
Tomando en cuenta el tamaño total de la población, se deduce que hay 1.625.000 desocupados en el país, lo que representa un aumento de 336.000 personas en la comparación interanual. Si se comparan los resultados de la EPH del primer trimestre del año con los datos del segundo, se observa que el empleo registrado perdió 60.400 trabajadores, mientras que el empleo en negro sumó a 328.300 personas. Esto da la pauta de un mercado laboral con puestos de empleo de menor calidad.
El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar, mientras que de ese total, la indigencia, es decir aquellas familias que ni siquiera tienen asegurado el dinero suficiente todos los meses para adquirir lo mínimo alimentario, alcanzó a casi 12% de la sociedad.
Eso implicó que el gobierno del Frente de Todos inició su mandato, al finalizar el 2019, con un 35,5% de pobreza y lo terminó con 41,7%, es decir, una suba en toda su administración de 6,2 puntos porcentuales. Más atrás, el gobierno de Cambiemos también había registrado un marcado declive en los indicadores sociales. Mauricio Macri asumió con un número de pobreza desconocido por la intervención del Indec –aunque se estima algo menor al 30%– y terminó con 35,5 por ciento.
Durante los sucesivos gobiernos kirchneristas, los índices de pobreza y de indigencia tuvieron una fuerte baja tras los picos que habían alcanzado por la crisis de fines de 2001, cuando había sido de 57,5 por ciento. El último dato antes del apagón estadístico fue el del segundo semestre de 2006, cuando fue de 26,9 por ciento. Representó, así, un recorte de unos 30 puntos en cinco años.
Otra forma de hacer la comparación es cuál fue el primer dato de pobreza después de la toma de mando de los últimos gobiernos. El de Alberto Fernández estuvo marcado por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, que empujó al 40,9% de la población bajo la línea de la pobreza. Fueron, así, 5,4 puntos de aumento de la pobreza en la primera medición del Frente de Todos.
Para el caso del macrismo, por otra parte, el punto de partida se estima, como fue dicho, en un 29% ya que la medición oficial había sido interrumpida, y en el primer semestre del 2016 ya había subido a 32,2% por lo cual el incremento en el inicio del mandato habría sido algo superior a los 3 puntos porcentuales.
Néstor Kirchner asumió con 54% de pobreza y en su primera medición semestral tuvo una baja hasta 47,8 por ciento. Y Cristina Kirchner, ya con un organismo estadístico intervenido, llegó a la Casa Rosada con un estimado de 35,6% de pobreza y tuvo un primer indicador de 34,9%, lo que mostró una primera señal de estancamiento en la reducción de la pobreza.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.
El Ministerio de Capital Humano decidió ampliar la cobertura etaria de la Tarjeta Alimentar. A partir del 1 de octubre, el beneficio se extenderá hasta los 17 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para recibir el pago de la Anses.
