La nueva reglamentación de ARCA busca impedir que operaciones comerciales utilicen beneficios destinados al consumo vecinal. En La Quiaca, comerciantes y trabajadores alertan sobre el impacto que las restricciones podrían tener en una economía fuertemente ligada al intercambio con Bolivia.

Las modificaciones implementadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el régimen de tráfico vecinal fronterizo encendieron las alarmas en La Quiaca, donde buena parte de la actividad económica depende del intercambio diario con la ciudad boliviana de Villazón. Comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados al sector advierten que las nuevas exigencias podrían afectar una modalidad de intercambio arraigada desde hace décadas.
La medida forma parte de la Resolución General 5910/2026 y tiene como finalidad fortalecer los controles para evitar que operaciones de carácter comercial sean encubiertas bajo el régimen destinado al abastecimiento personal o familiar de los habitantes de frontera. Según explicó el organismo, el objetivo es frenar prácticas como el fraccionamiento de mercaderías, la reiteración sistemática de movimientos y el desvío de productos hacia circuitos comerciales no autorizados.
ARCA sostiene que estas maniobras permiten aprovechar beneficios previstos para el consumo vecinal y utilizarlos con fines económicos distintos a los contemplados por la normativa. En ese sentido, recordó que el Código Aduanero reserva este régimen para satisfacer necesidades de los pobladores de la zona de frontera, excluyendo expresamente las actividades comerciales e industriales.
Nuevos límites y productos excluidos
Entre las disposiciones incorporadas, se estableció un tope diario de 150 dólares por persona para las operaciones comprendidas dentro del tráfico vecinal. Además, quedaron excluidos del régimen productos como trigo, soja y maíz en cualquiera de sus presentaciones, combustibles transportados en recipientes adicionales y mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilos o más, o su equivalente en volumen.
Desde ARCA aclararon que estas restricciones se aplican únicamente al régimen de tráfico vecinal y no implican una prohibición general para exportar dichos productos mediante los canales legales habilitados.
Impacto en la economía local
La preocupación surge porque el intercambio fronterizo no sólo involucra a compradores y vendedores, sino también a una amplia red de servicios vinculados al transporte, carga, almacenamiento y distribución de mercaderías. En La Quiaca, gran parte de la dinámica económica cotidiana gira alrededor de ese movimiento transfronterizo.
El presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cárdenas, advirtió que entre 3.500 y 4.000 familias obtienen ingresos de manera directa o indirecta gracias a esta actividad. Si bien se trata de una estimación realizada por la entidad empresarial, refleja la magnitud del impacto que podría generar una reducción significativa del intercambio.
Los referentes del sector remarcan que el fraccionamiento de cargas no implica automáticamente la comisión de un delito. El cuestionamiento oficial apunta exclusivamente a los casos en que esa modalidad sea utilizada para introducir mercadería en circuitos comerciales incompatibles con el régimen fronterizo. Sin embargo, sostienen que las nuevas condiciones podrían perjudicar también a numerosos trabajadores que dependen de la actividad sin participar en la organización de esas operaciones.
Convocan a una marcha
Ante este escenario, comerciantes y sectores vinculados a la actividad anunciaron una movilización pacífica para el jueves 22 de octubre. La concentración está prevista para las 10.30 y recorrerá dependencias de Aduana hasta el puente internacional que conecta con Bolivia.
Los organizadores buscan visibilizar el impacto económico que, a su entender, tendrán las medidas en la ciudad y solicitar una instancia de diálogo con las autoridades nacionales para revisar los alcances de la normativa.
Un debate abierto
La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión de larga data en las zonas fronterizas: cómo garantizar controles efectivos contra las maniobras irregulares sin paralizar actividades que constituyen una fuente de ingresos para miles de familias.
Mientras ARCA refuerza los mecanismos de fiscalización para evitar desvíos comerciales, en La Quiaca crece el reclamo por alternativas que permitan compatibilizar el cumplimiento de las normas con la realidad económica de una ciudad cuya vida cotidiana está estrechamente ligada al movimiento de frontera.














